El miedo a una crisis migratoria similar a la de 2015 ha llevado a países del norte de Europa a respaldar a Giorgia Meloni en sus críticas a Pedro Sánchez.
La regularización de inmigrantes en España ha causado malestar entre varios socios europeos, que temen un 'efecto llamada' y una posible presión sobre el espacio Schengen.
La mayoría de los regularizados en España son latinoamericanos que ya residían y trabajaban en el país, y los datos muestran que las llegadas irregulares han disminuido.
Italia y Dinamarca han firmado un comunicado conjunto rechazando la regularización española y proponiendo centros de repatriación en terceros países.
La entonces canciller alemana, Angela Merkel, decidió el 28 de agosto de 2015 permitir la entrada de refugiados sin registro previo en su país, para que tramitaran después su solicitud de asilo. Aquella decisión definió la década siguiente de la política europea en materia de inmigración.
Según la agencia europea de fronteras Frontex, alrededor de 1,82 millones de migrantes llegaron a Europa durante aquel año, con Siria, Afganistán, Irak, Pakistán y Eritrea como principales países de origen.
La Oficina Federal alemana para la Migración y los Refugiados registró ese año unas 442.000 primeras solicitudes de asilo, la cifra más alta de la historia del país y de la Unión Europea, seguida de Suecia con 162.450.
La Oficina Federal de Estadística alemana estimó la inmigración neta en 1,1 millones de extranjeros, con más de dos millones de llegadas y 860.000 salidas.
El impacto sobre un país de 81 millones de habitantes fue tanto social como burocrático.
Alojar a un millón de personas en un solo año exigía registrar a quienes habían entrado, organizar las solicitudes correspondientes y afrontar después la escolarización, la enseñanza del idioma y la incorporación al mercado laboral de los recién llegados con un coste medio estimado de entre 670 y 1.200 euros mensuales por solicitante.
La consecuencia política de aquel caos fue inmediata: el ascenso de fuerzas nacionalistas y antieuropeas y un debate público que aún no se ha cerrado.
Giorgia Meloni y Friedrich Merz el pasado enero en Roma.
El trauma de 2015 sigue presente en las decisiones actuales.
El canciller Friedrich Merz, que llegó al cargo el año pasado prometiendo revisar a fondo la política migratoria pese a dirigir el mismo partido que Merkel, desplegó miles de guardias fronterizos adicionales y ordenó rechazar solicitantes de asilo en la frontera, una medida que un tribunal de Berlín declaró después ilegal.
Cuando recuerda la decisión de su antecesora, no lo hace precisamente con cariño: "Claramente, no pudimos manejarlo. Por eso estamos intentando arreglarlo ahora".
Ceuta como trauma y revancha política
Por eso, hay que entender que las imágenes de decenas de miles de jóvenes marroquíes cruzando a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, la mayoría a nado, bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú, reavivaran ese trauma en el centro y el norte de Europa.
Lo curioso es que la primera en abrir fuego fuera la italiana Giorgia Meloni, quien responsabilizó al gobierno español de la falta de seguridad en la frontera sur de la Unión pocas horas después de las primeras llegadas, y su Ejecutivo llegó a exigir la expulsión de España del espacio Schengen y a acordar controles en los pasos fronterizos con nuestro país.
El calendario ayuda a entender el reproche: Italia vota en 2027 y Meloni afronta la competencia por su flanco derecho del general Roberto Vannacci, que ha ganado apoyos defendiendo la "remigración", es decir, la devolución de la mayoría de los migrantes a sus países de origen.
El general retirado Roberto Vannacci, fundador del ultraderechista Futuro Nacional.
El problema es que, si Ceuta fue la espita que encendió el fuego, la mecha de la discordia llevaba tendida desde tiempo atrás.
Aunque, en rigor, la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez no guarda relación con lo ocurrido en el espigón del Tarajal, el malestar de sus socios ante la medida ha encontrado ahora una excusa perfecta para formalizarse.
Hablamos de 1,2 millones de solicitudes, más del doble de la previsión inicial del Gobierno, que rondaba las 500.000.
Del total, el 79,6% corresponde a personas en situación irregular con más de cinco meses de residencia continuada que podían justificar su arraigo por vínculos laborales, familiares o por situación de vulnerabilidad, y el 20,4% restante a solicitantes de protección internacional acogidos a una vía específica.
El perfil de los beneficiarios, ahora bien, no se parece en nada al fantasma de 2015.
Dos tercios de los solicitantes proceden de Sudamérica o Centroamérica, según el Migration Policy Institute; el análisis de estadísticas oficiales eleva la cifra a alrededor del 90% de origen latinoamericano, con Colombia, Perú, Honduras y Venezuela como nacionalidades más numerosas, seguidas de Paraguay, Bolivia y Ecuador.
El grueso son personas que entraron legalmente como turistas, agotaron el periodo de estancia autorizado y permanecieron después meses o años, en muchos casos empadronadas, con hijos escolarizados y trabajando en cuidados, hostelería, agricultura o construcción sin contrato formal.
El patrón es básicamente el mismo que el de las regularizaciones de 2000 y de 2005.
Los primeros datos de afiliación apuntan en la misma dirección. El 83,4% de las personas regularizadas que se han dado de alta lo han hecho en el Régimen General, donde predomina el contrato indefinido, y los sectores que concentran más altas son la hostelería (38.776), el comercio (20.195), las actividades administrativas (19.327) y la construcción (18.310).
Los inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, representaban en enero de 2026 el 20,3% de la población española, más de diez millones de personas.
El "efecto llamada" de la regularización
Pese a tratarse muy mayoritariamente de personas de nuestra misma cultura, que ya vivían en nuestro país y que, precisamente por el hecho de acogerse a una regularización, están controladas burocráticamente, Europa quiere ver aquí también rasgos del descontrol de 2015 y se siente amenazada.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisaron en abril que, quien obtenga el permiso de residencia y trabajo por esta vía y quiera trabajar en otro Estado miembro, tendrá que solicitar la autorización correspondiente según la normativa de ese país.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni.
Para viajar o hacer turismo por el espacio Schengen rige el límite general aplicable a cualquier residente extracomunitario: 90 días dentro de un periodo de 180.
La Tarjeta de Identidad de Extranjero, que permite vivir legalmente en España más de tres meses, solo es válida en territorio español.
La Comisión Europea, por su parte, recordó que la regularización de ciudadanos extranjeros corresponde a las autoridades nacionales, si bien cada Estado debe asegurar que esas medidas no comprometan la integridad de Schengen.
Ahí es donde están las dudas europeas: muchos podrían "regularizar" su situación en España e inmediatamente aprovechar para emigrar a otro país de la Unión sin demasiados papeleos.
Dicho esto, aunque pudiera darse en algún caso, la lógica juega en contra del argumento: quien se traslada a otro Estado miembro sin autorización pasa de ser regular en España a irregular en el país de destino.
"La gente ya estaba trabajando en España y viviendo aquí, por eso mismo se les regulariza. No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE", sostiene un portavoz de la Fundación PorCausa.
Los datos de Frontex tampoco sostienen la tesis de un efecto llamada específicamente español: entre 2021 y 2026 las entradas irregulares registradas superaron las 470.000 personas en Italia pese a sus estrictas medidas antiinmigración frente a 234.760 en España.
Con todo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, formuló este martes abiertamente ese temor que el resto de socios había dejado implícito.
En una entrevista con el Financial Times calificó la regularización española de "muy mala idea" y advirtió: "Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en 2015. La medida nos perjudica especialmente porque sabemos por experiencia que muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte".
La espantosa diplomacia española
Kristersson reveló además que ya había trasladado personalmente su descontento a Pedro Sánchez, sostuvo que "no es momento de relajarse" y reclamó proteger las fronteras y "tener políticas lo más armonizadas posible".
Ya el 31 de julio, en plena crisis de Ceuta, había escrito en sueco que España debía actuar con rapidez para recuperar el control de la situación y cumplir sus compromisos dentro de la cooperación Schengen, y que, si la evolución llegaba a afectar a la seguridad o a la situación migratoria de Suecia, su gobierno estaba dispuesto a adoptar las medidas necesarias.
Kristersson se presenta a la reelección el próximo mes y no se descarta que necesite el apoyo de Demócratas de Suecia, formación de ultraderecha con raíces neonazis.
En rigor, el hecho de que los socios europeos no se acaben de tomar en serio la amenaza real, es decir, la de Marruecos, es un tanto desolador en este momento de urgencia para Ceuta, España y la Unión.
Ahora bien, es imposible no achacar al gobierno español un enorme error en las formas y las explicaciones dadas.
El pacto migratorio europeo, en vigor desde junio, contemplaba que Sánchez explicara y anunciara su proyecto a los socios, y su silencio irritó a Meloni y a otros jefes de Gobierno, que se lo reprocharon hace un mes en la última reunión de presidentes.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
El lunes, Meloni y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen —socialdemócrata y, en teoría, aliada política de Sánchez—, firmaron un comunicado conjunto que vincula la "inmigración descontrolada" con el aumento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos, rechaza la regularización de inmigrantes sin papeles y reclama centros de repatriación en terceros países, la fórmula que Italia ya aplica en Albania.
Roma trabaja además para que la regularización reciba una censura formal de las instituciones europeas.
La respuesta del gobierno se ha basado en cifras que seguramente tendrían que haberse dado antes: las llegadas irregulares a España cayeron un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, y Sánchez ha reivindicado un descenso del 35% en el total de llegadas y del 71% en las irregulares a Canarias.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, defendió el domingo que el espacio Schengen "no ha sido violado" y recordó que ninguna persona ha llegado a la Península desde Ceuta.
Por su parte, el ministerio de Exteriores italiano contesta con las suyas: las llegadas irregulares han descendido un 55% respecto a 2025 y un 82% respecto a 2023. Si todo va tan bien, cabe que el ciudadano se pregunte a qué viene tanto ruido.