El día en que Reino Unido abandone la Unión Europea, todo lo dictado por el Tribunal Europeo de Justicia -de cuya jurisdicción quiere huir- y la legislación comunitaria será absorbida por el ordenamiento británico, ha informado este jueves el Gobierno de Theresa May.

El Ejecutivo conservador ha publicado un libro blanco donde expone cómo pretende poner fin a la “supremacía de la ley europea” en Reino Unido y adaptar su cuerpo legal para el brexit. [El documento está disponible aquí.]

El plan del Gobierno es aprobar una ley cuando Reino Unido abandone los Veintiocho que sustituya a la norma que hace jurídicamente superior a legislación europea. Pero para que la transición sea fluida y el país continúe funcionando, la ley hará tres cosas más:

- Convertirá la legislación europea de aplicación directa en legislación nacional y además conserva todas las leyes aprobadas por Reino Unido en cumplimiento de directivas europeas.

- Creará nuevos poderes para que el Ejecutivo pueda retocar la redacción de leyes existentes.

- Mantendrá las interpretaciones que ya ha hecho el Tribunal Europeo de Justicia sobre la legislación vigente.

El Gobierno argumenta que esta Gran Ley de Derogación, como llama a la norma, permitirá a las empresas operar sin interrupciones y que los derechos de las personas no cambien de la noche a la mañana. Luego, asegura, el Parlamento podrá decidir qué hacer con todo ese cuerpo legal heredado de la UE.

En una intervención en el Parlamento al mismo tiempo que el libro blanco veía la luz, el ministro para el brexit, David Davis, ha afirmado que el Ejecutivo cumplirá con su promesa de devolver la soberanía nacional al Reino Unido y ha explicado las líneas generales de la medida.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno parece contradecir algunas de sus máximas políticas.

El miércoles, después de haber activado el divorcio, la primera ministra aseguró que el Tribunal Europeo de Justicia no tendría poder sobre el país tras el brexit.

“Retomaremos el control de nuestras propias leyes y pondremos fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia en Reino Unido. Dejar la Unión Europea supondrá que nuestras leyes se harán en Westminster, en Edimburgo, en Cardiff y en Belfast. Y esas leyes serán interpretadas por jueces no en Luxemburgo, sino en tribunales a lo largo del país”, afirmó.

Pero este jueves Davis anunció que los jueces británicos recurrirán a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia para interpretar leyes derivadas de la legislación comunitaria.

“Mientras haya leyes derivadas de la UE en el ordenamiento del Reino Unido, es esencial que exista un entendimiento común de qué significan dichas leyes. El Gobierno cree que la mejor forma de conseguirlo es proporcionando continuidad en la manera en que se interpreta la ley antes y después del día de la salida”, ha afirmado.

“Cualquier cuestión en lo que respecta al significado de legislación europea convertida en británica será determinada en los tribunales del Reino Unido remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia existente en el día que salgamos de la Unión Europea”, ha añadido.

Asimismo, la ley equiparará la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia a la del Tribunal Supremo de Reino Unido, ya que éste cambia a veces de opinión sobre sus propias decisiones y podría hacer lo mismo con la jurisprudencia europea de aplicación en Reino Unido.

Aunque una de las cosas que más ruido han provocado es la creación de nuevos poderes para que el Ejecutivo pueda reescribir leyes. El ministro británico para el brexit ha asegurado que dichos poderes tendrán un límite temporal y que servirán, por ejemplo, para eliminar referencias en las leyes a instituciones europeas con las que Reino Unido ya no tendrá vínculos tras la ruptura.

La oposición no lo ha visto así y teme que el Ejecutivo actúe sin el control del Parlamento. “Nadie subestima la tarea de convertir las leyes europeas en leyes británicas, la cuestión es cómo y qué se hace”, ha asegurado el diputado laborista Keir Starmer. “[Pero] en lo que respecta al cómo, el libro blanco da poderes amplios al Ejecutivo”.

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