La familia de Renee Nicole Good, la mujer que murió en enero a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis, presentó este jueves una doble demanda contra el Gobierno de Estados Unidos y contra los distintos cargos políticos implicados por muerte por negligencia, agresión física, agresión, detención ilegal y daño emocional.
"La muerte de Renee no fue un accidente", sostienen los abogados de la familia Good. "Fue el resultado predecible de una campaña coordinada por altos funcionarios de esta Administración para señalar como objetivo a los habitantes de Minnesota de origen somalí o hispano y silenciar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz en señal de protesta".
Los familiares de la víctima reiteran que la víctima estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y no era objeto de ninguna investigación policial o de las fuerzas del orden, y que su vehículo no impedía que el tráfico continuara circulando.
Sobre el movimiento del automóvil, cuestión que alegaron los miembros de la Administración, alegan que Good habló con el agente "en términos tranquilos y conciliadores" minutos antes y "giró las ruedas en dirección opuesta a Ross y se alejaba lentamente de él y de los demás agentes" cuando fue tiroteada.
La defensa de Good señala, asimismo, que el cuerpo del agente estaba fuera de la trayectoria del vehículo y "ya se encontraba fuera de ella antes de disparar". "Después, se inclinó hacia el vehículo para mejorar su posición de tiro", recoge la denuncia.
La primera demanda se presenta contra el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, puesto que el agente del ICE responsable de la muerte, Jonathan Ross, y sus compañeros "eran empleados de Estados Unidos que actuaban dentro del ámbito de sus funciones y de su empleo como agentes federales encargados de hacer cumplir la ley".
Donna y Brent Ganger, madre y hermano de Renee Good, quien murió tiroteada por agentes en Mineápolis.
La segunda demanda apunta a la responsabilidad de altos cargos de la Administración estadounidense por no "negarse a revelar los nombres de los agentes involucrados" en la muerte de Good, así como por alimentar el ecosistema en el que se produjo la muerte de la manifestante.
La demanda salpica a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca; Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional; Corey Lewandowski, exasesor principal de la secretaria de Seguridad Nacional; Tom Homan, 'zar de la frontera', así como a los entonces dirigentes del ICE Todd Lyons y Greg Bovino, excomandante general de la Patrulla Fronteriza.
Son los cargos implicados en una trama "sobre acusaciones exageradas de fraude" para que miles de agentes federales enmascarados y no identificados recorrieran los barrios de Minneapolis y "detuvieran a personas basándose en su apariencia".
"Funcionarios de la Administración ordenaron a los agentes provocar enfrentamientos con observadores como Renee y llevaron a los agentes a creer que no afrontarían consecuencias por utilizar la fuerza", denuncian desde la familia de la víctima.
La muerte de la mujer de 37 años el pasado 7 de enero, en el contexto de manifestaciones contra las redadas contra migrantes del ICE, provocó una espiral de contestación social en Estados Unidos contra el ICE, entidad que acabó destituyendo a los entonces principales responsables políticos.
Días después de la muerte de Good, otro agente del ICE disparó e hirió en la pierna a Julio Sosa-Celis, un repartidor venezolano, y dos semanas después, varios funcionarios del mismo cuerpo mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que trabajaba para el Departamento de Asuntos de los Veteranos.