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La administración Trump impuso restricciones de visado al director de la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por violaciones graves a los derechos humanos.
Trump ha elogiado públicamente al presidente salvadoreño Nayib Bukele y su política de mano dura contra la delincuencia, incluyendo la megacárcel CECOT.
Organizaciones internacionales han denunciado condiciones inhumanas, tortura y detenciones arbitrarias en la megacárcel salvadoreña, así como la falta de garantías procesales.
Estados Unidos y El Salvador mantienen acuerdos de seguridad que priorizan la deportación rápida de sospechosos de pandillas, lo que genera preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.
La Administración Trump anunció este miércoles restricciones de visado contra el director de 'La Modelo', la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan severamente los derechos humanos.
Una decisión que contrasta con las alabanzas del republicano al mandatario salvadoreño Nayib Bukele y su política de 'mano dura' contra la delincuencia, incluyendo el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), su megacárcel símbolo de su lucha contra las pandillas.
"Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez", informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
En un comunicado, Rubio detalló que esta designación se debe a la participación de Guevara Gómez "en una grave violación de los derechos humanos de un preso político", y que las restricciones implican la prohibición de entrada a EEUU de la persona sancionada, y potencialmente, de sus familiares inmediatos.
"Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua", indica la nota de Rubio.
Washington rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.
Ortega, de 80 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de reformas constitucionales sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio.
'Fascinación' por Bukele
Todo ello cuando al mismo tiempo Trump ha convertido al presidente salvadoreño en una referencia central de su discurso sobre seguridad y migración.
En varios actos públicos, el mandatario estadounidense ha calificado el trabajo de Bukele como "fantástico", en alusión a la drástica reducción de homicidios y al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas.
En su narrativa, el modelo salvadoreño demuestra, según Trump, que la mano dura y las cárceles de alta seguridad pueden "recuperar las calles" frente al crimen organizado.
En ese marco, Trump ha defendido la utilización de la megacárcel de El Salvador como destino posible para migrantes y ciudadanos estadounidenses condenados por delitos graves vinculados a pandillas.
Para la Casa Blanca, la cooperación con Bukele y el uso de instalaciones como el CECOT forman parte de una estrategia más amplia para "externalizar" la lucha contra el crimen transnacional y reforzar el control migratorio en la región.
Sin embargo, el modelo Bukele y, en particular, el CECOT han sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y relatores de la ONU han denunciado condiciones de detención "brutales", hacinamiento, restricciones extremas y denuncias de tortura y malos tratos dentro de la megacárcel, así como la suspensión de garantías básicas en el marco del régimen de excepción salvadoreño.
Diversos informes señalan además miles de detenciones arbitrarias y la ausencia de procesos judiciales individualizados para muchas de las personas encarceladas como presuntos pandilleros.
Las deportaciones coordinadas entre Estados Unidos y El Salvador también han suscitado preocupación, especialmente en los casos de personas señaladas como miembros de pandillas sin que medie un juicio completo ni acceso adecuado a defensa.
Investigaciones periodísticas han documentado cómo acuerdos de seguridad entre Washington y El Salvador han priorizado la rapidez en la expulsión de sospechosos sobre las garantías procesales, lo que, según expertos, podría vulnerar obligaciones internacionales en materia de asilo y derechos humanos.