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El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos de episodios de crisis entre 2002 y 2025, con exclusiones importantes.
La ley no beneficia a exiliados políticos ni a quienes participaron en acciones armadas, como los líderes opositores María Corina Machado y Leopoldo López.
La medida ha sido criticada por la oposición y ONG por excluir a muchos presos y exiliados, considerándola insuficiente para la reconciliación nacional.
Se creó una comisión especial de 23 diputados para implementar la ley y asegurar su cumplimiento, permitiendo solicitudes ante tribunales incluso desde el extranjero.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.
Una medida vaporosa de 13 puntos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que, según la versión edulcorada del chavismo, nace con la vocación de "mejorar la convivencia democrática" en el momento más delicado para la estabilidad del régimen desde su llegada al poder hace 27 años.
La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves de los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".
De esta forma, la ley deja en el limbo a los exiliados políticos. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado o Leopoldo López, para quienes el gobierno mantiene acusaciones por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza".
Dos mujeres se abrazan en los alrededores de la prisión de El Rodeo tras aprobarse la ley de amnistía.
Delcy Rodríguez dijo sentirse "muy complacida" con la aprobación de una ley "para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento". También sostuvo que hay que "saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón"
La ley salió adelante en primera lectura el pasado 5 de febrero. Entonces hubo unanimidad. En segunda lectura, en cambio, los diputados del oficialismo se enzarzaron en una disputa con los de la exigua minoría opositora sobre el contenido del Artículo 7 de la ley, que limita el alcance del perdón. La tramitación del texto llevaba pausada una semana.
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Liberación de Guanipa
El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue uno de los primeros liberados este viernes tras aprobarse la ley de amnistía. "Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo en un mensaje en redes sociales.
Sin embargo, el también exdiputado se sumó a las críticas de la oposición y consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.
"Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria", indicó. Delcy Rodríguez ha reclamado el cierre de la temida cárcel de el Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores.
El opositor Juan Carlos Guanipa tras ser liberado el pasado 8 de febrero.
En ese sentido, Guanipa, que llevaba dos semanas en arresto domiciliario tras ser excarcelado, pidió poner el "foco" para trabajar "sin descanso" hasta lograr que Venezuela "vuelva a ser libre y próspera", de la mano de Machado y el líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia.
Guanipa reiteró su exigencia para que todos los presos políticos sean liberados "inmediatamente" y para que todos los exiliados regresen.
"Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero sólo con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio", sostuvo.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde "con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza". Por su parte, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó hay que recibir con optimismo la aprobación de la ley, pero que también es restrictiva y deja fuera "muchos casos".
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el texto aprobado es "revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".
Cumplimiento de la amnistía
Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados -entre opositores y chavistas- que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.
En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante la aprobación de la ley de amnistía este jueves, en Caracas.
Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".
La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.
Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EEUU el pasado 3 de enero.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.