Un hackeo masivo al sistema digital de gestión de casos de la judicatura federal de EEUU ha desatado la alarma entre jueces, fiscales y agentes de seguridad.
Según revelaron fuentes judiciales y de investigación a Politico, organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa, la pandilla transnacional MS-13 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
Estos grupos podrían haber obtenido información altamente sensible que les permitiría identificar a testigos protegidos y anticipar operativos en su contra.
La intrusión afecta al sistema de Gestión de Casos/Expedientes Judiciales Electrónicos (CM/ECF), utilizado por tribunales federales para subir, almacenar y gestionar expedientes judiciales.
Aunque parte de esta documentación se hace pública a través del Acceso Público a los Registros Electrónicos de los Tribunales (PACER), otra permanece sellada e incluye órdenes de interceptación telefónica, órdenes de arresto y registros judiciales.
De acuerdo con las fuentes, al menos una docena de tribunales federales en varios estados han sido comprometidos, en lo que se considera uno de los ciberataques más graves al sistema judicial en años.
Vínculos criminales
El origen de la brecha apunta a múltiples actores: grupos respaldados por Estados hostiles y redes criminales.
Algunos habrían mantenido acceso al sistema durante años, extrayendo datos de forma selectiva, mientras que ahora habrían pasado a copiar toda la información semanalmente.
Las autoridades temen que los cárteles no solo estén implicados directamente en el hackeo, sino que también puedan comprar los datos a otros piratas informáticos con acceso a la plataforma.
Ofensiva de Trump
Este episodio coincide con la escalada del gobierno de Donald Trump contra el crimen organizado latinoamericano.
El presidente firmó recientemente una orden secreta que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar contra determinados cárteles, y previamente los declaró organizaciones terroristas extranjeras.
La fiscal general, Pam Bondi, ha instruido al Departamento de Justicia para priorizar la persecución de actividades como el narcotráfico, la trata de personas y los delitos violentos, competencias que suelen recaer en los tribunales de distrito, precisamente los más expuestos por el hackeo.
Amenaza en prisión
Expertos advierten que la filtración no solo facilita posibles represalias en territorio estadounidense, sino que también amenaza la seguridad en las prisiones federales, donde estas organizaciones mantienen una amplia red de contactos.
“La idea de que un cártel pueda seguirle la pista a las fuerzas de seguridad es muy preocupante”, señaló Adam Hickey, exalto cargo del Departamento de Justicia.
Casos pasados demuestran que grupos extranjeros como Irán han recurrido a bandas locales para atentar contra disidentes y figuras políticas en EEUU, lo que aumenta el temor a que información filtrada derive en violencia.
Sistema obsoleto
La Oficina Administrativa de los Tribunales Federales ha prometido reforzar la seguridad de la plataforma, pero reconoce que el sistema está obsoleto y “es insostenible por los riesgos cibernéticos”, aunque su sustitución podría tardar años.
Mientras tanto, varios tribunales han comenzado a implantar protocolos de emergencia: evitar subir datos sobre testigos colaboradores, jurados o acuerdos de culpabilidad, comunicarse solo mediante mensajería cifrada o incluso revisar archivos antiguos para eliminar referencias comprometedoras.
Protocolo de emergencia
Las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia siguen abiertas, aunque ninguna de las dos instituciones ha ofrecido comentarios públicos.
Para los expertos, la filtración supone un salto cualitativo en las amenazas que enfrenta la justicia estadounidense, en un momento en que la presión política y judicial sobre el crimen organizado latinoamericano está en su punto más alto.