El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva que autoriza al Departamento de Defensa a utilizar fuerza militar directa contra determinados cárteles de la droga en América Latina, a los que su gobierno ha designado como organizaciones terroristas, según revelaron fuentes con conocimiento de las deliberaciones internas.
La decisión, de acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, marca una escalada significativa en la campaña de Trump para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales hacia EEUU, al llevar al ejército a desempeñar un papel que tradicionalmente ha correspondido a las fuerzas del orden.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó al Departamento de Estado catalogar como organizaciones terroristas a varios grupos delictivos extranjeros, incluidos el Tren de Aragua, MS-13 y el Cartel de los Soles, este último supuestamente encabezado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
En febrero, EEUU duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro hasta los 50 millones de dólares.
Con esta nueva directiva, la Casa Blanca prepara el terreno para operaciones militares directas tanto en alta mar como en territorio extranjero.
Funcionarios del Pentágono ya han comenzado a esbozar posibles planes de acción, aunque persisten dudas legales sobre la legalidad de matar a sospechosos fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso.
El uso unilateral de la fuerza militar para neutralizar a cárteles representa una ruptura con décadas de política estadounidense, que se ha limitado a labores de apoyo a fuerzas policiales extranjeras.
“Hay que tratarlos como grupos armados terroristas, no solo como organizaciones narcotraficantes”, dijo Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista reciente.
Precedentes peligrosos
La historia reciente de EEUU ofrece antecedentes controvertidos. En 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.
La operación fue condenada por la ONU como una violación flagrante del derecho internacional.
Durante los años 90, el ejército estadounidense proporcionó datos de inteligencia a Colombia y Perú para interceptar vuelos sospechosos de tráfico de drogas.
Tras el derribo de varios aviones civiles, la administración Clinton suspendió la colaboración durante meses, alegando preocupaciones legales.
Actualmente, bajo la Ley Posse Comitatus de 1878, el uso del ejército para funciones policiales en territorio estadounidense está generalmente prohibido.
Aunque la Armada participa en operaciones antidroga en aguas internacionales, lo hace bajo mando de la Guardia Costera. La nueva estrategia de Trump reconfigura este equilibrio.
Legalidad en entredicho
Expertos legales alertan de que asesinar a sospechosos de narcotráfico en operaciones fuera de un conflicto armado violaría tanto las leyes estadounidenses contra el asesinato como una orden ejecutiva que prohíbe los asesinatos selectivos.
El exasesor del Departamento de Estado Brian Finucane señaló que es dudoso que un narcotraficante pueda cumplir el umbral legal para justificar una acción letal en defensa propia.
Alternativas como la captura de sospechosos también entrañan riesgos jurídicos, sobre todo en cuanto a la detención indefinida sin autorización del Congreso.
La Casa Blanca, además, ha debilitado los mecanismos de control legal: en febrero, el secretario de Defensa Pete Hegseth destituyó a los principales abogados militares, y la influyente Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha sido relegada en estas decisiones.
Rechazo de México
En abril, Trump propuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir cárteles en su territorio. La mandataria rechazó categóricamente la oferta.
Mientras tanto, el Comando Norte del ejército de EEUU ha intensificado su vigilancia aérea en la frontera con México, realizando más de 300 vuelos de reconocimiento.
La CIA también ha aumentado el uso de drones para localizar laboratorios de fentanilo, aunque sin emplearlos con fines letales y en coordinación limitada con autoridades mexicanas.
El debate sobre cómo enfrentar a los cárteles ha dominado tanto la política exterior como interior de la administración Trump en su segundo mandato.
Durante la campaña electoral de 2024, el presidente prometió declarar la guerra a estas organizaciones, incluso con despliegue de fuerzas especiales.
Pero la legalidad y legitimidad de estas acciones -y su potencial para desatar conflictos internacionales- sigue siendo altamente cuestionada.