La Comisión Europea ha ignorado los avisos de Alemania y ha presentado este martes una propuesta legislativa para crear un sistema común de garantía de depósitos bancarios en la eurozona. Este fondo estará dotado con 43.000 millones de euros cuando se complete en el año 2024 y tendrá que ser prefinanciado por la propia banca. Es el tercer y último pilar de la unión bancaria, que se empezó a construir en 2012 como respuesta a la crisis de deuda.

 

El objetivo de esta medida es que los ahorros de los ciudadanos disfruten del mismo nivel de protección independientemente del país en el que se encuentre su banco. Se trata de evitar nuevos casos de fugas de depósitos como la ocurrida en Grecia a principios de año o en España durante la fase más aguda de la crisis. El nivel de la garantía no cambia: seguirá cubriendo 100.000 euros por ahorrador y cuenta.

 

Berlín ya vetó en 2012 los planes de esta garantía común porque rechaza que su dinero se utilice para garantizar los depósitos de los ahorradores de otros estados miembros. Su ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, volvió a avisar en el Eurogrupo del pasado septiembre de que considera “inaceptable” resucitar cualquier iniciativa que suponga una mayor mutualización de los riesgos bancarios. Y este mismo martes el Gobierno alemán ha dicho a la agencia Reuters que los planes de Bruselas no van en la buena dirección.

 

Tercer pilar de la unión bancaria

 

Pese a estas advertencias múltiples, la Comisión sigue adelante con sus planes. Alega que el sistema europeo de garantía de depósitos es una medida imprescindible para estabilizar el sector financiero y romper los vínculos entre bancos y estados. Es decir, que los temores de impago de un país miembro no se contagien a sus bancos ni viceversa.

 

Los otros dos pilares de la unión bancaria ya están en marcha. El Banco Central Europeo (BCE) actúa como supervisor único desde noviembre de 2014. Y en enero de 2016 empezará a funcionar el mecanismo único de resolución, una especie de FROB europeo encargado de reestructurar y liquidar los bancos en crisis. También se aplicarán las nuevas reglas de la UE para que en futuras crisis sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen la factura.

 

Para tratar de sortear las objeciones de Berlín, la propuesta de Bruselas se pondrá en marcha progresivamente, en tres fases, y tardará casi 10 años en estar plenamente operativa. “Creo que podremos superar esas preocupaciones”, ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Jonathan Hill. A su juicio, su propuesta logra un “equilibrio” entre “las medidas de reducción del riesgo y las medidas para compartir los riesgos”. La propuesta debe ser aprobada ahora por los Gobiernos de los 28 y entrará en vigor en 2017.

 

Tres fases

 

Fase 1: Reaseguro. La primera fase será de reaseguro y se aplicará durante tres años, hasta 2020. En esta etapa, el fondo europeo podrá proporcionar liquidez de emergencia y absorber parte de las pérdidas si los esquemas nacionales tienen que intervenir y pagar a los depositantes. Para limitar el “riesgo moral”, los sistemas nacionales sólo podrán acceder al fondo común cuando hayan agotado sus recursos. Además, la contribución europea se limitará a un máximo del 20% del coste de la factura. Es decir, la mayoría de las pérdidas deberán ser asumidas por los fondos nacionales.

 

Fase 2: Coaseguro. A partir de 2020, el fondo europeo se convierte en un sistema de coaseguro. La principal diferencia es que los sistemas nacionales no estarán obligados a agotar sus propios fondos antes de recurrir a la asistencia de la UE. De este modo, habrá un mayor reparto del riesgo entre los fondos nacionales. La aportación europea aumentará progresivamente desde el 20% en 2020 hasta el 100% en 2024.

 

Fase 3: Seguro pleno. Desde 2024, el sistema europeo sustituirá por completo a los fondos nacionales y garantizará plenamente todos los depósitos cubiertos de la UE. Será el responsable de cubrir todas las necesidades de liquidez y las pérdidas que se produzcan.

 

El coste para la banca

 

Bruselas sostiene que, globalmente, el nuevo sistema no tendrá costes para el sector bancario. Las contribuciones que las entidades efectúen al sistema europeo podrán deducirse de sus aportaciones a los fondos nacionales de garantía de depósitos. Los pagos se ponderarán además en función del riesgo: los bancos con más riesgo tendrán que realizar mayores contribuciones que el resto.

 

El fondo europeo de garantía de depósitos será equivalente al 0,8% de los depósitos cubiertos de todos los bancos que formen parte de la unión bancaria en 2024. Basándose en los datos de 2011, Bruselas cree que su dotación final será de 43.000 millones de euros. El sector bancario tendrá que pagar cada año alrededor de 6.800 millones de euros hasta que el fondo esté lleno.

 

Este sistema será obligatorio para los estados miembros e la eurozona, cuyos bancos están ya supervisados por el BCE. También estará abierto al resto de países de la UE que quieran sumarse a la unión bancaria.

 

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