Desde este viernes, millones de hogares españoles están obligados a evaluar los riesgos laborales en su propia vivienda. La medida busca proteger a las empleadas domésticas, pero ha provocado confusión, críticas y un temor creciente: que muchas familias dejen de contratarlas.
El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la equiparación de derechos laborales, pues que, a partir de este viernes, quienes tengan contratada a una empleada de hogar deberán realizar una evaluación de riesgos laborales del domicilio.
La medida deriva del Real Decreto 893/2024, ha entrado oficialmente en vigor tras seis meses de plazo para su implementación. Sin embargo, el estreno no ha sido precisamente tranquilo.
La plataforma oficial del Ministerio de Trabajo, prevencion10.es, encargada de gestionar el proceso, se ha caído por un ataque malicioso, según fuentes oficiales.
Desde el pasado jueves, miles de familias reportan que no pueden acceder para cumplir con una obligación que de no realizarse puede derivar en multas de hasta 49.180 euros.
Qué exige la ley
El procedimiento es aparentemente sencillo: el empleador debe entrar en la web, registrar los datos del hogar y detallar las tareas que realiza la empleada.
El sistema genera un documento denominado "Plan de Prevención de Riesgos Laborales", que ambas partes deben firmar y conservar por si lo solicita la Inspección.
El plan debe analizar aspectos tan domésticos como el peso del aspirador, la altura de la tabla de planchar o los riesgos eléctricos en la cocina.
El objetivo oficial es proteger a un colectivo históricamente precario, el más feminizado y peor remunerado de la economía española.
Mujer limpiando.
En España hay más de 378.000 personas afiliadas al sistema especial de empleo doméstico, en su mayoría mujeres y con una media de edad superior a los 40 años. El 69% son extranjeras o con doble nacionalidad.
Sin embargo, la Encuesta de Población Activa eleva el número total, unas 540.000 trabajadoras, lo que revela una bolsa significativa de empleo sumergido que esta ley difícilmente alcanzará.
Una brecha invisible
El nuevo derecho llega después de que este mismo colectivo consiguiera, en 2022, acceder a las prestaciones por desempleo, una demanda histórica. Pero la avalancha de requisitos preocupa incluso a quienes celebran los avances.
UGT y CCOO han pedido a la Inspección de Trabajo que no adopte un enfoque punitivo en los primeros meses y que contextualice los incumplimientos mientras la ciudadanía se adapta al sistema.
Desde el Ministerio de Trabajo, se defiende la norma como una "medida de justicia social" que coloca a las empleadas del hogar "al mismo nivel de protección que cualquier otro trabajador".
No obstante, hay elementos que el propio Ejecutivo no ha completado. El decreto preveía la creación antes de septiembre de una guía técnica de prevención y un protocolo contra el acoso, además de una plataforma formativa para trabajadoras. Ninguno está disponible todavía.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que estarán listos "a comienzos del próximo año", pero la demora genera frustración incluso entre sindicatos aliados.
'Esto va a acabar con los contratos'
La reacción de parte de los empleadores ha sido contundente. En redes sociales y foros especializados abundan los mensajes de indignación.
La asesora financiera María Pilar, trabajadora de Dancausas Asesores, comentaba con ironía a través de una publicación en redes sociales: "A la mierda los contratos a los empleados de hogar. Todo porque ahora la ministra ha decidido que además de pagar cotización tenga que hacer una prevención de riesgos".
Una indignación a la que añadía con sarcasmo: "¿Qué pasa, que si paso el aspirador sola no tengo riesgos? Ya vale. Así lo único que conseguirán es que nadie las contrate".
Su opinión refleja una sensación creciente entre muchas familias de clase media que opinan que la protección se ha transformado en una trampa burocrática. Las quejas se multiplican por la dificultad técnica de completar el trámite y por la amenaza de sanciones en plena crisis de precios.
Impacto en el empleo
El sector del empleo doméstico ya arrastraba una tendencia descendente. Según la EPA, en el último año ha perdido 53.000 trabajadoras, la mayor caída de toda la economía.ç
Las patronales del sector, como la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), atribuyen parte del descenso al aumento del salario mínimo en un 61% desde 2018, al derecho a paro y, ahora, a esta nueva exigencia preventiva. "A muchas familias se les hace inasumible", advierten.
El riesgo es claro, ya que a mayor empleo sumergido, menor protección real. En la práctica, quienes sufran serán de nuevo las mismas mujeres que la medida pretendía defender.
Buena idea pero mal ejecutada
El colapso de la web prevencion10.es ha evidenciado la brecha tecnológica entre la intención política y la realidad práctica.
Según el Ministerio, en 24 horas se bloquearon más de 16.000 direcciones IP sospechosas y se registraron casi 50 millones de intentos de acceso. Los técnicos mantienen que la plataforma "funciona correctamente", pero los usuarios relatan lo contrario: errores, bloqueos y formularios interminables.
El episodio ha empañado el arranque de una política que aspiraba a convertirse en símbolo de modernización.
Pero, quizá, el problema no resida en proteger, sino en cómo se legisla para proteger. España da un paso más en derechos laborales, pero lo hace tambaleándose entre la buena intención y la mala ejecución.