España experimenta uno de los momentos más difíciles en lo que a la vivienda se refiere. Y es que el precio medio de la vivienda libre en España no ha dejado de subir en los últimos años, alcanzando máximos históricos este 2025. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pertenecientes al segundo cuatrimestre del año, el metro cuadrado supera ya los 2.000 euros, subiendo un 10,4%.
El encarecimiento ha sido aún más acusado en comunidades autónomas como Cantabria (+ 13,8 %), Madrid (+ 13,5 %) y Cataluña (+ 13,5 %), lo que agrava aún más el problema de acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias en todo el país.
Sin embargo, a esta tensión creciente en el mercado inmobiliario se sumará pronto un nuevo factor que impactará de forma aún más amplia. Y es que, no solo afectará a quienes buscan comprar o alquilar, al reducirse la oferta de viviendas disponibles, sino que también afectará a quienes ya poseen una vivienda y quieren venderla o alquilarla en España. Este factor tiene que ver con la nueva normativa de la Unión Europea.
Y es que, a partir de 2030 ningún propietario podrá poner su casa en el mercado si no cumple con los requisitos de eficiencia energética que ha establecido Bruselas para entonces, una medida que la experta en finanzas Esmeralda Gómez, ya advierte que afectará a miles de familias y propietarios en el país.
La experta lanza en uno de sus vídeos de redes sociales una advertencia clara: "¿Sabías que en 2030 podrías no vender ni alquilar tu casa? No es ciencia ficción, es la normativa de la Unión Europea". Ese será el año a partir del que ningún propietario podrá vender o alquilar su casa si no alcanza el nivel mínimo de eficiencia energética acordado por la UE.
Una medida impulsada por Bruselas, que pretende reducir el consumo energético en el sector residencial. Su aplicación tendrá un fuerte impacto directo sobre miles de propietarios en España, advierte Gómez: "Si tu vivienda no alcanza el nivel mínimo de eficiencia energética quedará fuera del mercado y en 2033 los requisitos serán aún más estrictos", apunta.
Esta normativa afecta especialmente a las personas con menos recursos y con viviendas antiguas: jubilados que esperaban complementar su pensión vendiendo o alquilando un piso, pequeños inversores con propiedades heredadas o familias hipotecadas con inmuebles que ahora necesitarán reformas costosas para poder mantenerse en el mercado, como asegura la experta.
Un contexto ya de por sí complicado para muchos propietarios de viviendas, para los que la experta lanza una última reflexión clave: "La pregunta no es si la norma llegará, la pregunta es qué puedes hacer tú hoy para protegerte de un sistema cada vez más opresor", concluye.
Qué cambiará en 2030
Cualquier propietario que quiera poner en venta o alquiler su vivienda deberá asegurarse de que cumple con los estándares mínimos de eficiencia energética propuestos para esa fecha, los cuales se prevé que sean con la calificación energética mínima de E. De lo contrario, no podrá vender ni alquilar su propiedad.
Por lo tanto, las certificaciones F y G (más comunes en España) se quedarán fuera y tendrán que ser adaptadas durante estos cinco próximos años por los propietarios para poder estar dentro del mercado inmobiliario.
Una medida que supondrá un gran desafío económico para la gran parte de propietarios de viviendas en España, ya que se estima que más del 80 % de los edificios y viviendas tienen una calificación energética E, F o G. La principal razón de que sea así tiene que ver con que la gran mayoría de viviendas son antiguas y anteriores a 1980 y tampoco contaron durante su construcción con los requisitos de aislamiento térmico en construcción que ahora se requieren para las nuevas viviendas.
Quienes ya estén pensando en adecuar su vivienda para adaptarse a esta nueva normativa, tendrán que ponerse en contacto con un técnico cualificado y acreditado que revise la vivienda y pueda determinar su eficiencia energética. Este profesional será el responsable de expedir este documento obligatorio desde 2013. No disponer de él puede conllevar sanciones desde los 300 hasta los 6.000 euros.