El grupo socialista se va a abstener en la votación de la proposición de ley trans impulsada por ERC y otras formaciones políticas en el Congreso esta tarde, una posición que pone en riesgo que se tramite la iniciativa y que muestra las discrepancias con su socio de Unidas Podemos, que votará a favor.

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Con la abstención socialista, la iniciativa, muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad, será rechazada por los votos en contra de Vox y del PP.

Fuentes socialistas han explicado a Efe que su grupo se abstendrá y que una abstención implica facilitar una tramitación, "otra cosa es que no salga porque otros grupos parlamentarios voten en contra", por lo que no se sienten responsables de que no fructifique.

De hecho, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha confirmado en rueda de prensa que su grupo se abstendrá en la toma en consideración de la ley trans, una postura con la que, ha precisado, "no se va a oponer a que se tramite": "Somos responsables de nuestro voto, no del voto de los demás", ha dicho.

Simancas ha indicado que la iniciativa que se vota es "mejorable" y que el Gobierno está trabajando en una legislación propia para ampliar los derechos del colectivo LGTBI, con los que el PSOE tiene "un compromiso firme e inquebrantable": "Nadie ha hecho más por el colectivo LGTBI que el PSOE, nadie", ha incidido.

Sin embargo, la guerra está servida y esta abstención puede suponer una grieta mayor en las relaciones entre Unidas Podemos y el PSOE dentro del Gobierno.

La Ley trans de Irene Montero se encuentra bloqueada por los recelos de la Vicepresidencia Primera que dirige Carmen Calvo, quien cuestiona el cambio de sexo registral con una mera declaración y ha frenado el proyecto de para dotarlo de seguridad jurídica y garantías constitucionales, según ha manifestado.

Sin embargo, la pirueta que han protagonizado otros grupos de izquierdas y los independentistas catalanes presentando ellos una norma casi exacta de la de Montero ha puesto al PSOE entre la espada y la pared: o facilita la tramitación de la ley o lo impide con los votos de Vox y PP, justo lo que ha ocurrido.

Las mismas fuentes aseguran que los colectivos LGTBI prefieren que la iniciativa que regule los derechos trans parta del Gobierno y no del Congreso. Los socios del Gobierno han emplazado a los socialistas a reconsiderar su posición y a aprovechar un momento que consideran histórico para ampliar los derechos del colectivo trans.

Esta tarde, la ministra de Igualdad, Irene Montero, subirá a la tribuna de la Cámara Baja para defender la postura del Ejecutivo, han avanzado fuentes de su Ministerio.

El texto de la proposición -diseñado por la Federación Plataforma Trans y registrado por ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria- despatologiza la transexualidad y regula la autodeterminación del género, permitiendo el cambio de sexo registral sin necesidad de informe ni tratamiento médico.

"Facilitará"

Fuentes del PSOE habían asegurado a Efe que su intención era "facilitar" la tramitación de la Ley trans en el Congreso porque no querían dar la imagen de mostrarse en contra. Sin embargo, la abstención provoca que no den los números suficientes para que salga adelante y deja a la coalición tocada en un tema en el que el enfrentamiento más vivo lo han representado siempre las posturas de Irene Montero y Carmen Calvo.

El punto más polémico para la socialista es la autodeterminación de género sin necesidad de un certificado médico para inscribirse oficialmente como hombre o como mujer, que muchos grupos feministas consideran que es, de forma práctica, un borrado de las mujeres.

Sin embargo, Irene Montero siempre ha defendido que es justamente ese punto el que hace que la ley cumpla con las exigencias de los organismos internacionales para no tratar a los y las transexuales como enfermos y obligarles a un certificado.

En otros países, que también están adaptando la norma, se ha apostado por no exigir el certificado médico pero si activar mecanismos intermedios para evitar lo que las feministas llaman "el borrado de las mujeres". 

Otros partidos

Desde el PP, Cuca Gamarra ha confirmado que su partido votará en contra de la proposición de ley trans porque carece de seguridad jurídica y garantías suficientes y ha condenado el "ruido" y la confrontación con los que ha llegado a la Cámara Baja y la "utilización partidista" que los partidos de la izquierda han hecho de este colectivo.

Gamarra ha afirmado que el PP respalda los derechos y libertades de las personas trans, pero ha matizado que el sexo y el género son cosas diferentes y que "la condición de mujer no puede ser borrada".

A pesar de que el PSOE ha fijado su abstención en rueda de prensa, los socios del Gobierno en el Congreso han emplazado a los socialistas a reconsiderar su posición y a aprovechar un momento que consideran histórico para ampliar los derechos del colectivo trans.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a los socialistas que sean conscientes de que esta "iniciativa tan decente" es una "grandísima oportunidad" para ampliar derechos civiles y ha advertido que si no la apoyan "tendrán que responder ante muchísima gente".

Desde Más País, Íñigo Errejón también ha emplazado al grupo socialista a tener un gesto de confianza con el Congreso, a no bloquear la proposición y a mejorarla en la tramitación parlamentaria: "Esto es una oportunidad histórica frente a la cual el PSOE no puede ponerse de perfil; la pelota está en el tejado del PSOE".

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez sea "corresponsable" de que no sea tomada en consideración la Ley Trans, ya que "abstenerse es como votar no a efectos prácticos", toda vez que los votos del PP y de Vox rechazarán la iniciativa: "Un gobierno que hace políticas de derechas es un gobierno de derechas".

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis han calificado de irresponsables tanto a los partidos que han registrado esta proposición como a los del Gobierno de coalición, por su "falta de voluntad política" y por no haber consensuado sus posturas.

Estas organizaciones declaran sentirse "hastiadas" de que se juegue con sus derechos.