La Ley del Medicamento 666/2023 es una nueva legislación europea que fue aprobada en 2023. Su objetivo principal es garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios, especialmente de los antibióticos, para combatir las resistencias antimicrobianas y mejorar la trazabilidad y seguridad en la prescripción, venta y dispensación de estos fármacos.
Sin embargo, esta nueva norma está causando problemas en todo el territorio. "La cuestión es que en España se ha interpretado de una forma distinta al resto de países", afirma Andrés Santiago, veterinario y Director del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria.
Según él, esta interpretación ha generado múltiples desafíos. "Está restringiendo la capacidad de decisión veterinaria". Explica que, incluso ante una infección de orina, deben justificar de manera persevera su criterio en la historia clínica escrita para recetar un antibiótico.
Además, no pueden elegir libremente el antibiótico. Deben seleccionarlo de una tabla del ministerio con un orden específico, lo que significa que "ya no es mi criterio el que prima".
Responsabilidad
La Ley obliga a priorizar medicamentos veterinarios (primero de la misma especie y luego de otra) y solo como último recurso permiten el uso de medicina humana, esto bajo la responsabilidad del veterinario. "Esto, al final, es un estrés para nosotros. El perro es parte de nuestra familia y yo estoy tratando al hijo de alguien".
Santiago nos cuenta su último caso de un perro de tres kg: el medicamento veterinario solo existe para caballos (dosis de 500 kg) o pollos de engorde (garrafas de cinco litros), haciendo imposible una dosificación correcta o práctica.
Utilizar estos medicamentos veterinarios específicos resultaría en una "sobrecarga de antibiótico" o en la compra de uno "para toda la vida" por parte del cliente. La única opción viable a menudo es la medicina humana para niños, como jarabes, pero Santiago subraya que esto le carga "toda la responsabilidad" al veterinario si algo sale mal.
Arriesgarse
La Ley ha incrementado mucha ansiedad en los veterinarios. Santiago desvela que muchos preferirían no recetar antibióticos antes que arriesgarse a las consecuencias económicas.
Al principio, las multas podían ser hasta un millón de euros. "Esto es absurdo. Si en toda nuestra carrera no ganamos eso", declara con enfado. Al mismo tiempo, los dueños de mascotas también enfrentan costes muchos más altos.
Un tratamiento de tres pastillas que antes costaba 20 euros, ahora puede ascender a 100 euros porque deben comprar una caja completa de 15 a 40 comprimidos en farmacia, aunque solo necesiten unos pocos. "Tengo gente que se pone a llorar incluso en consulta".
La obligación de comprar cajas completas hace que los dueños se queden con "medicamentos de sobra". Esto ha llevado a la perdida de la trazabilidad y el seguimiento de los medicamentos.
"Si los tutores están obligados a comprar una caja de 40 comprimidos y usan cuatro, ¿qué hacen con los demás? Pues lo venden por Wallapop o Mil anuncios". El problema es más grande de lo que parece.
La automedicación
El excedente anima a los dueños a automedicar a sus mascotas sin supervisión veterinaria, lo cual es un problema grave porque puede enmascarar otro inconveniente. Ningún animal debería estar medicado sin revisión. "Cuando te creas que le duele algo, le va a dar el mismo medicamento".
Es un problema que va a ir a más porque la gente cada vez va a acumular mayor cantidad de medicamentos. Santiago afirma que con esta nueva Ley no se ha conseguido el objetivo de mejorar la trazabilidad de los medicamentos.
El quid de la cuestión es que España interpreta que la medicación la tienen que dar en las farmacias, a diferencia de otros países donde los veterinarios sí pueden dispensar desde su propio almacén.
Lo considera un "tema cultural", ya que siempre se ha controlado desde las oficinas de farmacia, a pesar de que en la veterinaria es totalmente distinto por la gran variedad de especies y tamaños de animales.
No ven el problema
El ministerio no ve el problema y, según el veterinario, han llegado a comentar que los profesionales están exagerando. "No están dispuestos a admitir que hay cosas que mejorar y que hay que reformar la interpretación de la Ley. Entonces, no se puede discutir con alguien que no cree que haya hecho nada mal".
Esta situación está generando un problema detrás de otro, llevando a una situación muy compleja para clientes y animales. En este marco, muchos veterinarios se están negando a seguirla porque "el paciente es lo primero".