La nueva Ley del Medicamento es una de las principales reclamaciones del sector farmacéutico y sanitario. Pero, al mismo tiempo, se ha convertido en uno de sus mayores temores. El borrador que el Ministerio de Sanidad hizo público hace unos meses fue ampliamente criticado y respondido con centenares de alegaciones, cerca del millar. En el departamento hay quien habla de haber batido un récord en este aspecto.
Más allá del contenido de dichas alegaciones, los de Mónica García son conciliadores. En las charlas con los representantes del sector del medicamento, se muestran proclives a adaptar el texto a las exigencias del sector. O, al menos, los aspectos más criticados. La ministra asegura que serán "flexibles".
Eso sí: hay una línea roja, según ha podido saber este periódico. Sanidad quiere que los medicamentos más vendidos no duelan tanto a las arcas públicas.
En este sentido, el Gobierno insiste en que las compañías farmacéuticas estén obligadas por ley a bajar el precio de su producto si las ventas son masivas, por así decirlo. Es decir, que apliquen al menos un descuento por volumen de ventas.
Para ello, se están llevando a cabo contactos discretos con el sector farmacéutico y tratar de encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes. O, al menos, que no les disguste tanto.
A cambio, Sanidad se bajará del carro en varias medidas. Entre ellas, aspectos como los precios seleccionados. Ya no habría esa suerte de subastas de medicamentos que el Ministerio había planteado. Una medida que en el departamento siguen defendiendo y consideran que lo ocurrido tiene que ver con que se ha malinterpretado la iniciativa.
El departamento también asume que tiene que subir el precio de algunos medicamentos para facilitar que se mantengan en el mercado. Admiten que hay varias presentaciones que es inviable mantenerlas en el mercado a su precio actual.
Pero desde el departamento insisten: introducir una mayor competitividad entre los productores de medicamentos (y relajar sus precios) es irrenunciable. Al final, según Sanidad, es la mejor fórmula para hacer más eficiente el gasto farmacéutico.
Un gasto farmacéutico que, aunque Sanidad no entra a esta cuestión, preocupa. Tanto a nivel estatal como autonómico. Este 2025, y con datos hasta abril, la partida pública para medicamentos ya ha subido un 5% de media.
Una inquietud que procede especialmente de los hospitales, por cierto. El gasto por las recetas dispensadas por oficinas de farmacia ha subido sólo un 2,6% este año.
En cambio, el que generan los medicamentos hospitalarios se ha elevado hasta el 8,4%. Y regiones como Comunidad Valenciana y otras mediterráneas ya lanzan señales de auxilio por falta de liquidez.
Mientras, la nueva Ley del Medicamento avanza. Los trabajos más técnico deberían quedar cerrados antes de agosto, según ha podido saber este periódico. Luego tendrá que pasar los filtros convenientes, que incluye la criba de ministerios como Economía, Hacienda o Industria.
Sanidad cuenta que todo esto quede superado para septiembre. Será entonces cuando el anteproyecto de ley se someta al Consejo de Ministros. Y, después, marche al Congreso, a enfrentarse con los grupos parlamentarios.
Se ha confirmado, por cierto, que la reforma del copago farmacéutico no pasará por el Consejo de Ministros, como ya contó este periódico. Sanidad lo deja para un trámite parlamentario que pinta exigente en esta legislatura caracterizada por la inestabilidad (con toque de show).