La actual propietaria y explotadora de la fábrica de cementos de La Araña, en Málaga, Sociedad Financiera y Minera (FYM), toma la palabra para defenderse en plena polémica sobre el futuro de la bautizada como Maravilla Blanca y advierte con el inicio de acciones legales.

Por medio de un escrito, la entidad reacciona ante la difusión de informaciones "falsas y acusaciones calumniosas" que le imputan varios delitos en relación con la cavidad aparecida en su cantera.

En el mismo, subrayan que el estudio de investigación realizado por el equipo del profesor Juan José Durán Valsero, que considera que se trata de una cavidad "única en el mundo", ha sido posible por el encargo de Financiera y Minera, "de forma totalmente voluntaria y sin requerimiento de ninguna Administración, con objeto de completar los estudios geológicos previamente realizados en aplicación de sus políticas de buen gobierno, ética y transparencia y del compromiso de nuestra empresa con su entorno social".

El trabajo realizado, se añade, fue objeto de un convenio entre la empresa y el mencionado equipo investigador el pasado 1 de abril de 2022. En dicho convenio se concretaron las condiciones de la colaboración, como el objeto del estudio, su plazo de ejecución y la asistencia que recibiría dicho equipo por parte de la empresa.

Y como consecuencia de ese acuerdo, el equipo investigador ha podido acceder libremente a la cueva tantas veces como ha considerado oportuno y sin interferencia alguna por parte de la empresa. En este sentido, y según información proporcionada por el propio equipo, éste realizó 178 accesos a la cueva en las 38 jornadas de trabajo que dedicaron a la ejecución del informe.

"FYM no ha puesto ningún tipo de traba ni condición al contenido y conclusiones de la investigación, habiendo gozado el equipo de total libertad en su trabajo", insiste la compañía, quien subraya que la "absoluta disposición de colaboración y buena fe" durante los trabajos queda de manifiesto en las palabras del propio Durán Valsero, quien agradeció "la extraordinaria disposición, dedicación y amabilidad de trato mostradas por todo el personal de la empresa, en todo momento y circunstancias".

A pesar de la oportunidad de investigación derivada del convenio firmado y de la buena sintonía generada durante el trabajo de investigación, la empresa ha conocido los resultados del mencionado estudio a través de su publicación en los medios de comunicación junto con una denuncia "con gravísimas acusaciones falsas y calumniosas contra FYM por parte de uno de los miembros del equipo de investigación del profesor Durán Valsero".

Acusaciones que Financiera y Minera desmiente "rotundamente", informando de que no tiene constancia de resolución alguna por parte de la Administración competente de la Junta de Andalucía sobre la reanudación de la actividad minera en la zona donde está ubicada la cueva hallada.

"En ningún momento desde el hallazgo de la cueva, ha estado previsto por parte de nuestra empresa realizar ninguna voladura en la zona donde está ubicada la misma", insisten desde la empresa, que muestra su voluntad de seguir colaborando "de buena fe y con la más absoluta transparencia" con el Gobierno andaluz, incluso realizando los estudios que se consideren oportunos. Mientras estos se realizan, Financiera y Minera mantendrá un dispositivo de seguridad y continuará realizando las labores mineras en otras áreas de la cantera. 

Para la compañía, tanto la denuncia como la difusión de la misma a través de los medios de comunicación y redes sociales, "alertando sin fundamento ni prueba alguna sobre la supuesta 'inminente voladura de la cueva', pone en evidencia la mala fe con que la ha actuado el equipo del profesor Durán Valsero". 

"Estas actuaciones premeditadas parecen perseguir el objetivo de incrementar el impacto mediático de su estudio a costa de atentar contra la imagen y reputación de FYM", subrayan.

Y "ante tan graves hechos", la empresa reclama una rectificación pública a Durán Valsero, habiendo puesto en manos de su equipo jurídico el asunto. Por ello, se reserva el derecho de emprender las acciones legales que estime oportunas en defensa de su buen hacer y en reparación de los graves daños y perjuicios causados a su imagen y reputación.