El colectivo okupa La Invisible, que desde hace 15 años explota de manera irregular un edificio público propiedad del Ayuntamiento de Málaga al que accedió tras dar una patada en la puerta, sigue recibiendo oxígeno por parte de entidades y Administraciones públicas.
Si meses atrás era el Museo Reina Sofía el que se aliaba con este movimiento alternativo, organizando un congreso internacional, ahora es el Ministerio de Cultura el que ampara su actividad.
Y lo hace cuando el Consistorio, con un Ejecutivo gobernado por el PP y Ciudadanos, trata de desalojar al movimiento alternativo para impulsar la rehabilitación integral de un inmueble, siguiendo el guion marcado por los técnicos municipales.
Pese a la negativa del equipo de gobierno municipal a permitir la continuidad de La Invisible, el organismo gubernamental ha incorporado al colectivo como integrante de la Comisión de Trabajo del sector del arte contemporáneo.
"La Casa Invisible de Málaga es una de las asociaciones culturales de gestión independiente seleccionada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo para formar parte de la comisión", han confirmado desde Cultura. Está previsto que este martes La Invisible dé más detalles en rueda de prensa sobre esta relación.
Al tiempo, apuntan a EL ESPAÑOL que este órgano viene a ser "un espacio de diálogo en torno a las prácticas artísticas contemporáneas entre la Administración pública y diversos agentes del sector, para una mejor coordinación de las líneas estratégicas de actuación en la materia". El mismo fue constituido el pasado mes de abril, celebrando su primera reunión el 31 de mayo pasado. La vocalía de La Casa Invisible tiene una duración de dos años.
Uno de los argumentos que vienen empleando los responsables de La Invisible para oponerse al pretendido desalojo del edificio municipal es el amplio apoyo existente por parte de colectivos y entes. Una posición que queda reforzada ahora con este reconocimiento por parte de Cultura.
Revés judicial
Pese a los últimos intentos por parte de la Gerencia de Urbanismo de vaciar el inmueble, localizado en pleno Centro Histórico, el movimiento sigue funcionando dentro del mismo después de que un juzgado rechazase la petición de entrada en domicilio realizada por el Consistorio.
De los 15 años de okupación del edificio de calle Nosquera, al que accedió el colectivo tras dar una patada en la puerta, hubo un pequeño espacio de tiempo en el que contó con las autorizaciones por parte del Ayuntamiento, que ha abierto en varias ocasiones la puerta a alcanzar un acuerdo de continuidad. Sin embargo, ello nunca ha quedado plasmado, hasta el punto de que, ante la presión ejercida por su socio de gobierno, Cs, se ha endurecido la postura municipal en los últimos años.
Para justificar su posición, el Consistorio aduce "razones de interés público". En concreto, habla del "estado de deterioro" en el que se encuentra el inmueble, siendo necesario acometer su rehabilitación integral.
Así se expresa en un informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo. En el documento se recuerda que desde el 19 de diciembre de 2014, el edificio está clausurado "a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles".
Constata la existencia de "deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias".
Todo ello, hace que los técnicos aboguen por impulsar cuanto antes la recuperación del edificio, buscando con ello eliminar la "preocupación creciente relativa a que con el paso del tiempo pueda ocasionar una circunstancia sobrevenida de mayor deterioro, con la consecuente inseguridad para las personas que pudieran estar dentro por los apuntalamientos parciales y las vías de evacuación del edificio".