La Junta de Andalucía ha reactivado la tramitación de uno de los proyectos hidráulicos más relevantes para el futuro abastecimiento de agua de Málaga y de buena parte de la Costa del Sol. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha retomado el concurso para contratar el estudio de alternativas de la futura presa de Cerro Blanco, un documento previo que será determinante para decidir dónde y cómo se construirá finalmente esta infraestructura.
El contrato, licitado por 1,4 millones de euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá analizar distintas soluciones técnicas, ambientales y económicas antes de redactar el proyecto constructivo definitivo. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de agosto.
La licitación llega después de que la Junta tuviera que anular el primer procedimiento al detectar un error durante la tramitación. Superado ese contratiempo, el Gobierno andaluz reactivó el concurso el pasado 7 de julio, retomando la hoja de ruta para una infraestructura incluida en la planificación hidrológica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Uno de los aspectos más relevantes del pliego es que la ubicación definitiva de la presa no está cerrada. Aunque el proyecto histórico situaba la infraestructura en la cerrada de Cerro Blanco, el nuevo estudio deberá comparar al menos cuatro alternativas antes de determinar cuál resulta más adecuada.
Entre ellas figura la solución diseñada en el proyecto elaborado por ACUSUR en 2001, junto a una alternativa aguas arriba de Cerro Blanco y otras dos ubicadas en la zona de Pereilas, una aguas arriba y otra aguas abajo. Además, el propio documento deja abierta la posibilidad de estudiar nuevas cerradas si los trabajos técnicos así lo aconsejan.
El objetivo será realizar un análisis comparativo de todas las opciones desde el punto de vista técnico, ambiental y económico para seleccionar la solución que permita desarrollar posteriormente el proyecto constructivo con el grado de definición necesario para su ejecución.
Un proyecto de hace 25 años que deberá rehacerse
La documentación reconoce que el proyecto redactado en 2001 debe considerarse únicamente como un antecedente técnico.
La Junta justifica la necesidad de elaborar un nuevo estudio de alternativas porque, desde entonces, ha cambiado la normativa sobre seguridad de presas y embalses, además de ser necesario revisar completamente la información disponible sobre topografía, geología, hidrología, impacto ambiental y diseño estructural.
El expediente concluye que será necesario redactar un nuevo proyecto, revisando tanto el emplazamiento como las características técnicas de la futura infraestructura, así como los materiales, los dispositivos de seguridad, los estudios ambientales, la gestión de residuos y el resto de elementos exigidos por la normativa actualmente vigente.
El pliego parte de un diagnóstico claro sobre la situación hídrica de Málaga. Según recoge la documentación, los recursos actuales destinados al abastecimiento de la ciudad resultan deficitarios, a lo que se suma la calidad del agua de algunos embalses, afectada por elevados niveles de salinidad que obligan a su tratamiento en la planta desalobradora de El Atabal.
La futura presa pretende aprovechar las aportaciones del río Grande, el único gran cauce de la cuenca del Guadalhorce que actualmente no está regulado, incorporándolo como una nueva fuente de recursos para el abastecimiento de la capital.
El documento señala que, aunque por sí sola la actuación no eliminaría completamente el déficit de agua, sí contribuiría a reducirlo de forma significativa junto con otras actuaciones previstas en la planificación hidrológica.
Asimismo, el expediente destaca que el nuevo embalse permitiría reducir la sobreexplotación de las masas de agua subterránea de Sierra de Mijas, río Fuengirola y Marbella-Estepona, además de mejorar las garantías de riego en el Valle del Guadalhorce al liberar recursos actualmente destinados a ese uso.
También reducirá el riesgo de inundaciones
La presa no solo persigue incrementar la disponibilidad de recursos hídricos. La Junta señala que la regulación del río Grande contribuirá también a disminuir los daños provocados por las avenidas en la parte baja del río Guadalhorce y en la hoya de Málaga, una problemática que motivó los primeros estudios tras las importantes crecidas registradas en 1989.
El contrato contempla una amplia batería de trabajos previos antes de decidir la solución definitiva.
Entre ellos figuran estudios cartográficos y topográficos, investigaciones geológicas y geotécnicas con sondeos, análisis hidrológicos y de sedimentación, estudios hidrogeológicos, sismotectónicos y ambientales, así como la evaluación de la viabilidad económica y de posibles aprovechamientos hidroeléctricos.
Además, deberá analizarse la futura conexión de la presa con la planta de tratamiento de El Atabal, estudiar la regulación y explotación del embalse, clasificar la infraestructura según su riesgo potencial y determinar cuál de las alternativas ofrece las mejores garantías desde el punto de vista técnico, ambiental y económico.
La presa de Cerro Blanco forma parte de la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que contempla su desarrollo como una infraestructura estratégica en el horizonte de 2039.
