El asunto de las okupaciones de vivienda en la provincia de Málaga sigue ocupando parte del pensamiento y el debate en el Partido Popular. Muestra de ello es que su presidenta, Patricia Navarro, ha anunciado este viernes que todos los ayuntamientos gobernados por su formación de más de 20.000 habitantes contarán con una oficina antiokupación al servicio de los ciudadanos.

Asimismo, ha indicado que la Diputación ofrecerá este asesoramiento técnico y jurídico a los pueblos más pequeños de la provincia, "dada la dificultad de estos municipios para poner en marcha este tipo de herramientas".

Así lo ha expuesto en su intervención en el Consejo de Alcaldes, en la que ha señalado que entre los usuarios afectados por este fenómeno están "los propietarios de buena fe que tienen miedo de poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica generada por el Gobierno en torno a la okupación y la inquiokupación".

Esta oficina, ha precisado, también estará al servicio de todos aquellos vecinos que hayan sufrido este problema y que necesiten emprender acciones legales o judiciales para resolverlas. "Hablamos de un recurso para nuestros ciudadanos y de una herramienta para incentivar el acceso a la vivienda", ha explicado.

Navarro, que ha valorado que ayuntamientos como el de la capital ya dispongan de esta iniciativa que ahora se hace extensiva al conjunto de la provincia, ha recordado que Málaga cuenta con más de 150.000 viviendas vacías.

Sin embargo, "tenemos una Ley estatal de Vivienda cargada de ideología que genera inseguridad entre los propietarios para que ni siquiera se les pase por la imaginación ponerlas en el mercado del alquiler; pero es que, además, tenemos una Ley Antidesahucios que ha favorecido claramente la okupación en nuestro país".

La presidenta de los populares malagueños ha denunciado la "nefasta" gestión del Ejecutivo de Sánchez en materia de vivienda, "bien por su mala acción, con leyes malas para el mercado, que han subido precios y reducido la oferta; bien por omisión, por la ausencia de medidas fiscales que favorezcan la compraventa o el acceso de los más jóvenes a la vivienda y que compensen esas subidas de impuestos de Sánchez y Montero".

Además, ha criticado que el Ministerio de Vivienda dejase en 2024 de ejecutar dos de cada tres euros de su presupuesto y que, hasta el pasado mes de junio, "tenía pendiente de ejecución el 95%".

Navarro ha recordado que el 30% del coste de una vivienda son impuestos. "Imaginaos, por tanto, el margen que tiene ahí el Gobierno central como la administración con mayor capacidad en el ámbito fiscal", ha subrayado.

Por último, ha alertado de que, "si a la escasez de vivienda unimos otros problemas como la movilidad, ya estamos hablando de un problema económico; por lo que también pedimos al Gobierno que tome nota y que dote a las políticas de vivienda de esa perspectiva económica".