La depuradora Norte de Málaga parece estar maldita. Tras más de dos décadas de espera, la Justicia acaba de obligar a la Junta de Andalucía a paralizar los trabajos de construcción cuando estos apenas habían arrancado.
De acuerdo con el auto judicial, los terrenos elegidos por la Administración regional para asentar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) no son los adecuados para esta planta, aduciendo que se trata de terrenos de valor ambiental.
Una afirmación que llama la atención si se tiene en cuenta que la localización fue acordada en el año 2003, motivando incluso la firma de un acuerdo entre los ayuntamientos implicados.
Cabe recordar que desde el año 2006 nunca se ha modificado la ubicación de la planta depuradora. Es la alternativa que se contempló en el Potaum, aprobado por la Junta de Andalucía en 2009, y en el PGOU aprobado por el Ayuntamiento de Málaga en 2011.
Además, ese acuerdo entre ayuntamientos llegó en 2017 y en 2020 la Junta de Andalucía recibió un informe vinculante favorable a su solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para realizar las actuaciones contempladas en el anteproyecto de la EDAR Norte de Málaga.
Multas por la paralización de las obras
La paralización de las obras de esta depuradora supone que la Junta de Andalucía deberá seguir pagando la multa de 1,2 millones de euros hasta tener una depuradora, ya que así lo ha establecido la normativa de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta que ya en 2020 la cuantía de las multas ascendía hasta los 3 millones de euros y considerando que iría a millón por año, desde 2018 hasta 2025 las multas podrían llegar a los 9 millones de euros.
Por el momento, se sabe que el Gobierno andaluz va a estudiar en profundidad el fallo emitido, así como a barajar la posibilidad de iniciar nuevos pasos judiciales.
Lo que no se aclara desde la Administración regional es si el fallo abre o no la puerta a un posible cambio de emplazamiento. Hay que recordar que, según los propios datos manejados por la Junta, la elección de otros terrenos podría implicar un retraso de unos siete años en el proceso de construcción de la planta.
"Sin estación depuradora, se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes", advirtieron desde la Administración andaluza tras conocer la sentencia.
Además, apuntaron que la paralización de los trabajos también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales.
Informe ambiental favorable
La propuesta de intervención sobre la Vega de Mestanza fue objeto de un informe favorable desde el punto de vista ambiental por parte de la Consejería de Sostenibilidad. En una resolución firmada en agosto de 2022, este departamento rechazó todas las alegaciones formuladas a la propuesta.
Una primera alegación cuestionaba la "flagrante ausencia de justificación y explicación solvente sobre el estudio de alternativas y sobre factores ambientales esenciales, como por ejemplo los asociados al análisis de la inundación". Asimismo, se aludía a la afectación sobre la fauna protegida.
El Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad negó la existencia en la zona de
especies amenazadas (en peligro de extinción o vulnerables). "Decir que no se tiene constancia de nidos o madrigueras de especies protegidas en la zona de actuación, pero que es probable que puedan existir muchas especies silvestres de forma ocasional o permanente", se añadía en el escrito.