El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha archivado la causa contra un empresario cuyo Porsche Cayenne fue cazado a 200 kilómetros por hora en una vía limitada a 60. La Policía Municipal de la capital le atribuyó un supuesto delito contra la seguridad vial.

La juez Inmaculada Lova ha tomado esta decisión al no poderse constatar que era él quien conducía el vehículo, pese a que aparece registrado a nombre de una empresa que administra.

El abogado del empresario, en un escrito, solicitó a la magistrada que archivase la causa, ya que "no puede acreditarse la autoría en la comisión del delito". El investigado niega que fuese él quien manejaba el Porsche Cayenne, pasada la medianoche del 21 de mayo de 2023, por la Avenida de Puerta de Hierro, a la entrada de Madrid. La única fotografía de los hechos la tomó un radar fijo de la zona y en ella no se reconocía al conductor.

La compañía de seguros sí le señaló como el "conductor habitual" del coche, pero no hay pruebas de que, en ese mismo momento, fuese él quien lo conducía. Por ello, la juez instructora —a petición de la defensa del investigado, ejercida por el despacho Ospina Abogados— ha optado por archivar provisionalmente la causa. 

De hecho, el abogado Juan Gonzalo Ospina también apoyaba su petición en "la proscripción de la pena de banquillo", dada "la inexistencia de indicios de criminalidad".

La juez del caso subraya que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa por cuanto que no consta que condujese el investigado".

A renglón seguido, recalca que el vehículo está registrado a nombre de la empresa "y lo coge cualquier familiar" del investigado. Por ello, decreta el sobreseimiento provisional de la causa, "sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el empresario exonerado, que responde a las siglas de G. C., aportó documentación a la Justicia sobre unas presuntas mordidas que se investigaron en el caso Púnica. De esta enorme causa judicial se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón.

Concretamente, G. C. entregó e-mails que acreditarían que uno de sus socios en una compañía realizó, durante los años 2012 y 2013, operaciones para desviar fondos a Bustren procedentes de la constructora OHL.

Según indicó la Guardia Civil en un informe aportado al sumario de Púnica, Bustren sería la empresa que habrían utilizado el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente, hasta de 2018, de OHL.

Siempre según la Benemérita, entre 2012 y 2014, la habrían empleado para vehiculizar presuntas comisiones de la constructora a cambio de "favores políticos".

Por el momento, tanto López Madrid como Granados siguen investigados en esta pieza de la causa judicial, la número 8. No obstante, en 2020, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a Juan Miguel Villar Mir y ordenó archivar para él el caso Púnica.