El impuesto a los vehículos de tracción mecánica no es igual en todos los municipios. Al ser un tributo que depende de los ayuntamientos, estos pueden incrementar las cuotas si lo consideran oportuno. Por eso, un conductor donostiarra paga un 49% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 158% más que uno domiciliado en Tenerife.

Estás son algunas conclusiones que se extraen del Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Asimismo, este estudio recoge, en palabras de la AEA, los “25 paraísos fiscales” para el impuesto de matriculación, donde las diferencias en el coste de este tributo pueden alcanzar un 900% respecto a los municipios más caros.

Los tres mayores paraísos fiscales de España para el automóvil están en la comunidad de Madrid. Son, por este orden, Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo y Patones. El primero registró en 2021 un total de 28.679 matriculaciones de turismos, teniendo solo 577 habitantes. Esto le otorga el mayor número de turismos matriculados por habitante de toda España: 31,23.

El coste del impuesto de vehículos de tracción mecánica en Rozas de Puerto Real oscila entre los 3,16 y 28 euros anuales, dependiendo de los caballos de potencia fiscal (una medida usada únicamente para determinar este impuesto) del vehículo. En Madrid capital estas cifras se mueven entre los 20 y 224 euros, unos valores similares al resto de capitales de provincia de España.

En Colmenar de Arroyo hubo 43.780 matriculaciones en 2021 y tiene una población de 1.936 habitantes, lo que arroja una relación de 19,88 turismos matriculados por habitante. En Patones, el tercero en la clasificación, se matricularon 12.619, teniendo 536 habitantes, lo que arroja 18,73 matriculaciones por cada vecino. Todas estas cifras se redujeron ligeramente en 2022, pero siguen siendo llamativas.

Estos son los "paraísos fiscales" de los vehículos recogidos por la AEA:

El impuesto de vehículos de tracción mecánica fue creado en España hace treinta y cuatro años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido coloquialmente como “el numerito”) y genera unos ingresos anuales de 3.900 millones de euros a las haciendas locales.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.

Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.

También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales.

Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.

“Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos -señala AEA en su informe- lo que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos “paraísos fiscales” en relación con el pago de un impuesto al que están obligados más de 37 millones de contribuyentes”.

Así, por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal -señala AEA en su informe- paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid, 59; en Barcelona, 68,16; y en San Sebastián, 87,93. Es decir, un 158% más caro en San Sebastián que en Tenerife.

Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Tarragona, Barcelona, Lérida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva y Granada. Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Cáceres, Palencia, Jaén, y Badajoz.