María y su pareja recibieron la semana pasada una orden de desahucio de la que ha sido su casa durante 10 años. En julio del año pasado, recibieron la notificación de que la propiedad no les renovaría el alquiler. Sin opción a réplica. Su casa es propiedad de Testa, empresa propiedad del fondo de inversión Blackstone.

"Hace un año nos enviaron una carta diciendo que no querían renovar con las mismas condiciones, pero que se pondrían en contacto con nosotras para decir que las nuevas condiciones. Nunca se pusieron en contacto", explica María en conversación telefónica con Madrid Total.

"Nos informaron la semana pasada de que nos han puesto el desahucio para el 18 de julio", afirma. Asimismo, María tiene este martes la vista en los juzgados de Alcorcón que decidirá su futuro en esa casa. "Nos dijo nuestro abogado que siempre lo suelen hacer así. Se adelantan. Si la sentencia sale en tu contra, pues ya sabes cuándo tienes la fecha de desahucio".

Igual que María, hay más de 40 familias en la Comunidad de Madrid en una situación similar, según denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "Hace más de un año que estas 40 familias recibían un burofax en el que el fondo buitre, el mayor casero de España y el mundo, les imponía subidas abusivas de hasta el 100% respecto a su alquiler anterior", explica el sindicato en su página web.

"Nosotras nos organizamos con el Sindicato de Inquilinas y con la PAH de Alcorcón, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca", prosigue María. "Lo que decidimos fue quedarnos".

"Nos quedamos en la vivienda pagando nuestro alquiler, el que veníamos pagando hasta que se acabó el contrato para intentar llegar a una negociación colectiva, porque estamos así muchas vecinas. Mañana es mi juicio, pero hay muchas vecinas en esta situación, tanto en Getafe, en Vallecas, en Carabanchel, en Torrejón… Estamos todas demandadas". Testa en ningún momento ha rechazado esos pagos del alquiler, según cuenta María.

Ante esta situación, y habiendo vivido experiencias similares en el pasado, el sindicato se organizó para aglutinar a todos los afectados posibles. "Nos vamos a bloques que sabemos que son de estos propietarios, Testa y Fidere, que son las filiales de Blackstone en España. Vamos de puerta por puerta, básicamente, e informarnos a la gente".

"Por eso nos hemos reunido todas para ver si podíamos conseguir, por lo menos, que se sienten a negociar con nosotras, que nos den la opción de negociar y no que te lo impongan todo o que te digan directamente, que no te renuevan".

—¿La Comunidad de Madrid ha dicho algo al respecto? ¿O algún ayuntamiento?

—La Comunidad de Madrid sí que se reunió el año pasado con uno de los vecinos y también con la alcaldesa de Alcorcón. El Ayuntamiento de Alcorcón nos ha estado apoyando en todo momento. De hecho, hicimos una moción contra Blackstone en el pleno, en noviembre. Votaron a favor todos los grupos, excepto Ciudadanos y PP que se abstuvieron. Bueno, la Comunidad nos dijo que les mandásemos los contratos a ver qué podían hacer, que los revisarían, pero que poco podían hacer.

Precisamente gran parte de las viviendas que hoy sufren estos desahucios fueron antaño parte del parque de vivienda pública de la Comunidad o de los ayuntamientos de los respectivos municipios. Como suele ocurrir con las viviendas públicas, estuvieron un tiempo gestionadas por la administración hasta que, pasados unos años, salieron al mercado.

Aquí es donde entra en juego Blackstone, a través de sus filiales. Se trata de un fondo de inversión que gestiona principalmente activos inmobiliarios, más de 20.000 en España, y que ya ha estado en numerosas ocasiones en el foco de la polémica. 

En el 2019, cientos de familias sufrieron subidas "desorbitadas" de sus alquileres, tal y como denunció entonces, de nuevo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "Es bochornoso que una empresa de capital privado haya comprado viviendas públicas por debajo del precio de mercado y ahora se esté aprovechando de eso para especular", denunció el sindicato.

Algunas de esas viviendas fueron compradas por cerca de 60.000 euros a la administración y, seis años después, estaban a la venta por más de 240.000, según denunció este organismo.

Cuatro años después, la historia se repite y los juzgados tendrán que decidir si estos desahucios se ajustan a la ley.

—María, ¿qué esperanzas tienes de cara al juicio?

—No lo sé, la verdad. Sinceramente, no tengo muchas esperanzas de ganar el juicio. Entiendo que si a un juez le llega este caso, diga que estamos fuera de contrato y seguimos en la vivienda. Yo creo que nos echará. Pero bueno, vamos a intentar llegar a algún acuerdo con la propiedad. A ver qué pasa.