Gumersindo lleva 37 años trabajando y viviendo en el sótano del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), adscrito al Ministerio de Justicia. Ahora los tribunales han ordenado su desahucio, pero él continuará recurriendo sentencias para seguir en el edificio público hasta el día de su jubilación, ha explicado a Efe.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ratificó en abril la orden de desahucio contra este ordenanza del CEJ, a menos de seis meses de jubilarse y que desde 1986 habita un espacio de unos 50 metros cuadrados en el sótano del inmueble, pues la justicia considera que para realizar sus funciones no necesita vivir allí.

Él asegura que desempeña labores de vigilancia y mantenimiento, pero el organismo público lo niega y sostiene que lleva a cabo "las funciones propias de un ayudante de gestión y servicios comunes, anteriormente denominados ordenanzas, es decir, traslado de documentos entre unidades administrativas y apoyo al organismo en el avituallamiento de las aulas con actividades formativas".

Aunque ningún documento concede a Gumersindo la ocupación de una parte de la sede del CEJ, la sentencia considera "evidente que ha existido (...) una autorización 'verbal', tolerancia o consentimiento por parte del organismo que ha permitido o habilitado al interesado a ocupar dicho espacio".

Eso mismo reconoce el trabajador, que nunca firmó un contrato para vivir allí, pero que defiende su derecho a hacerlo alegando que tampoco los jueces que hacen uso puntual de viviendas de titularidad pública firman un documento para ello.

"Aunque es difícil creer que se pueda ocupar una vivienda en un organismo oficial durante 37 años, sin autorización, sin título, en precario, por la mera tolerancia 'graciable" de los distintos directores que han pasado por la Escuela Judicial y centro de Estudios Jurídicos, lo cierto es que el recurrente ha ocupado dicha vivienda desde que ingresó en el centro, y la ha ocupado -sin solución de continuidad- hasta hoy", apunta la sentencia.

Por obras de mejora

El escrito de la Audiencia Nacional confirma lo que ya resolvió el juzgado central de lo contencioso-administrativo nº 7 de Madrid, que desestimó el recurso presentado por Gumersindo cuando el CEJ le trasladó su orden de desahucio el año pasado.

El organismo adscrito al Ministerio, donde se forma a personal de la administración de Justicia y cuya sede se encuentra en la Ciudad Universitaria de la capital, dictó el 25 de marzo de 2022 el desahucio de su trabajador, que este recurrió sin éxito.

Gumersindo cree que la decisión de su desalojo por parte del CEJ se ha precipitado porque se están preparando obras de mejora y ampliación del edificio.

En una conversación con Efe en el propio Centro de Estudios Jurídicos, ha asegurado que continuará presentando recursos "hasta llegar al Tribunal Supremo".

Su intención es poder permanecer allí hasta el día de su jubilación, prevista para el 30 de octubre, pero que espera adelantar haciendo uso de días libres y de vacaciones.

Entonces, dejará Madrid y regresará a Sancti Spíritus, su pueblo en Badajoz, donde cuenta que pasa los fines de semana.