Fuenlabrada cuenta desde este lunes con Madrid Rural, el primer gran mercado de distribución agrícola de la región. Pero no está abierto al público. Se trata de un espacio de 3.500 metros cuadrados que alberga a más de 50 agricultores de 11 municipios madrileños que venderán sus alimentos sin intermediarios con la etiqueta identificativa de la marca. 

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que ha inaugurado este lunes las instalaciones, ha destacado que el nuevo mercado permitirá que el "pequeño y mediano agricultor madrileño tenga un mayor acceso al mercado mayoritario". Todo ello, según la consejera, mientras se cuida la "salud del consumidor y el medioambiente" al apostar "por productos de cercanía", informa Europa Press. 

¿Y cómo funciona Madrid Rural? En primer lugar, según ha explicado Martín, los agricultores madrileños llevan su producto a estas naves. Ahí, se realiza un proceso de pesado, clasificado, etiquetado y colocación. Después, se traslada a los centros logísticos o a grandes superficies. 

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Hasta el momento, 50 agricultores participan ya en este proyecto, procedentes de Aranjuez, Fuenlabrada, Griñón, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Getafe, Quijorna, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega y Villa del Prado.

En este mercado se comercializa, en función de la temporada, acelgas, espárragos, tomates, espinacas, brócoli, coles, repollo, borraja, berenjena, pepino, cebolleta, coliflor, lechuga, alcachofa o patata, entre otros.

Más adelante contarán con un código QR que ampliará la información de su origen y elaboración. Además, los profesionales del sector primario que formen parte en esta iniciativa contarán con el apoyo del servicio gratuito regional Agroasesor para resolver consultas especializadas, con el objetivo de que sus explotaciones sean más rentables y sostenibles, ha explicado la consejera.

La puesta en marcha de Madrid Rural estaba contemplada en el Plan Terra del Gobierno autonómico, programa que ya se ha ejecutado en un 80%, según destaca la Administración autonómica, y consta de 50 medidas destinadas a liberalizar el sector, para lo que cuenta con una dotación de 100 millones de euros.