Una persona con derecho al "anonimato", "la presunción de inocencia" y a "poderse defender". Así ha descrito este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, a la pareja sentimental de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras conocerse las dos querellas que ha interpuesto contra el fiscal jefe de Madrid. 

Tal y como adelantó en exclusiva Madrid Total, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto por la revelación de datos secretos de los que tuvieron conocimiento por razón de sus cargos y que se referían a la investigación tributaria abierta a Alberto González.

Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno regional ha vuelto a reiterar que el "asunto" no afecta a la Comunidad de Madrid. "Es un particular que ha presentado una demanda y está legitimado para hacerlo", ha añadido.

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A preguntas de los medios, García Martín ha dicho que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, es una persona anónima que ha visto como el Gobierno de Sánchez ha puesto todo el aparato del partido para "perseguirle". 

"Es cuestionable y denunciable el uso partidista de los medios del Estado", ha lamentado recordando como una ministra (en relación con María Jesús Montero) dio "datos privados a los medios de comunicación". 

Para continuar, ha enumerado otros actos "dramáticos" que, según él, se han ejecutado sobre la pareja de la presidenta, como el hecho de que la fiscalía sacara "un comunicado que solo debería de ser conocidas por la defensa". Razón por la cual se ha querellado la pareja de la presidenta. 

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Querellas

Como ha adelantado este diario, la querella de González Amador ha sido interpuesta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo presidente, Celso Rodríguez Padrón, ha asumido la ponencia.

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La Sala ya ha dado traslado de la querella a la Fiscalía Superior de Madrid para que informe sobre su admisibilidad. Si el TSJM acepta tramitarla, se abrirá un proceso penal a Rodríguez y Salto y se nombrará a un instructor que dirigirá la investigación contra ellos.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha dirigido un escrito al fiscal general, Álvaro García Ortiz, comunicándole que ella debe abstenerse de intervenir en todo lo relativo a la querella de González Amador por concurrir la causa legal consistente en "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Lastra intervino en el proceso interno de la Fiscalía que culminó con la difusión pública de una Nota informativa sobre González Amador, con la que la fiscal superior no estaba de acuerdo.

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Esa Nota informativa es la base de la querella promovida por la pareja de Díaz Ayuso. Fue difundida en la mañana del pasado 14 de marzo, después de que algunos medios publicaran que la Fiscalía había "ofrecido un pacto" a González Amador para que admitiera los delitos fiscales que se le atribuyen.

La información era falsa y se basaba en una versión manipulada de un correo electrónico enviado por el fiscal Salto al abogado de González Amador el 12 de marzo, con posterioridad a la presentación de la denuncia del Ministerio Público en los Juzgados.

En realidad, había sido el abogado de Alberto González el que el 2 de febrero propuso un pacto al fiscal, admitiendo por escrito que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

La versión que dieron algunos medios no solo atribuía al fiscal el ofrecimiento de un pacto, sino que añadía que luego había habido "órdenes de arriba" para que no se llegara a un acuerdo que evitara el juicio al novio de Ayuso, lo cual también era falso.

La Nota informativa, encabezada por la Fiscalía Provincial de Madrid que dirige Pilar Rodríguez, tenía la finalidad de dejar clara la actuación del Ministerio Público y, para ello, optó por detallar, con fechas, horas y frases entrecomilladas, el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto.