La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.

Esta citación se producirá 8 días antes de que la presidenta 'celebre' su primer año con mayoría absoluta al frente de la Comunidad de Madrid. Una cita que, previsiblemente, estará 'embarrada' por la investigación a su pareja. 

Tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la citación se produce después de que la magistrada haya incoado diligencias contra la pareja de Ayuso y otras cuatro personas en relación con la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.

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En concreto, cita a declarar como investigados a la pareja de Ayuso y su socio Maximiliano para el próximo 20 de mayo y un día después a otras tres personas investigadas en el mismo procedimiento.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razona que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

Agencia Tributaria

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

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El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único, la pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

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En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".

Abono de 350.0000

La cuota presuntamente defraudada supera el umbral del delito fiscal -120.000 euros-  en los dos ejercicios investigados. En 2020 la cuota dejada de ingresar habría ascendido a 155.000 euros y en 2021, a 195.951,41 euros.

Por ello, aunque González Amador abonó un total de 351.000 euros antes de ser denunciado por la Fiscalía, ello no evita la iniciación del proceso judicial, si bien puede propiciar una rebaja de la eventual condena o dar lugar a una sentencia de conformidad.

El defensor de González Amador, Carlos Neira, envió el 2 de febrero un correo electrónico a la Fiscalía para proponer un pacto. En el escrito se admitía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.