La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tendrá 10 días para presentar las pruebas necesarias que la exculpen de la sanción a la que se enfrenta en la Asamblea de Madrid por haber votado desde el escaño de un diputado que no estaba presente en la sesión del pasado 1 de febrero. 

Tal y como ha informado la Mesa de la Cámara regional, la mayoría de los grupos parlamentarios han aprobado iniciar el procedimiento contra la portavoz que podría acarrear desde su suspensión hasta un recorte en las retribuciones que cobra mensualmente su grupo. 

La diputada del Partido Popular, Mercedes Zarzalejo, será la encargada de llevar este proceso que, según las cuentas realizadas por la Cámara, podrá durar hasta un mes y contempla la suspensión de sus derechos como diputada de 15 a 30 días. 

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La Mesa de la Asamblea ha tomado esta decisión alegando que el doble voto de Monasterio fue "un atentado contra la dignidad de la Asamblea". Algo en lo que han coincidido todos los grupos, a excepción de Vox, como era de prever. 

Monasterio tendrá derecho a presentar alegaciones y a pedir que se reconsidere la decisión final de la Mesa hasta en dos ocasiones. La primera empieza ahora. Puesto que el órgano de la Asamblea le ha dado 10 días para preparar su defensa. 

Tal y como adelantó este diario, la Mesa de la Asamblea será finalmente la "competente" para iniciar, tramitar y resolver el correspondiente "proceso sancionador si así lo estima oportuno". Y no una comisión, como se había planteado en un primer momento.

 

Se prevé que, una vez que Zarzalejo acepte la encomienda de hacer la investigación, abrirá diligencias para determinar y comprobar los hechos y la base de la sanción. Será esta diputada, con amplia experiencia en Derecho, la encarga de realizar un "pliego de cargos" donde reflejará los hechos imputados, la infracción causada y las sanciones que se podrían aplicar.

Una vez trascurran los días en los que Monasterio puede presentar alegaciones (5 estipulados y otros 5 que se pueden añadir), habrá otros ocho días de "período de prueba" hasta que formule su resolución.

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En este punto, tal y como ha precisado el escrito de la Mesa, se fijarán con precisión los hechos y la calificación jurídica para determinar la infracción. Además, incluirá quién ha sido y la propuesta de sanción a imponer.

Este informe llegará a la Mesa, quien la votará y resolverá definitivamente. Tras el acuerdo, Monasterio podrá solicitar que se reconsidere, abriéndose un plazo de quince días más en los que la sanción quedará suspendida. En este caso, la inhabilitación de la portavoz de Vox podría llegar a mediados o finales de marzo, al suponer el proceso alrededor de un mes.

Cacería política 

Nada más conocerse la noticia, el grupo Vox ha denunciado el comienzo de una "cacería política". "Deciden abrir un expediente sancionador a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid por intentar apagar un escaño que jamás debió funcionar", han denunciado. 

De hecho, los de Monasterio han acusado al PP y la izquierda de abrir dicho expediente por "tratar de apagar un escaño que no pertenecía a ningún diputado y cuyo sistema de votación nunca debió funcionar". Postura que Monasterio ha defendido desde un primer momento. 

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"Esta decisión ha sido tomada sin permitir a VOX leer el informe de los letrados que presuntamente avala dicho procedimiento. Por eso, durante la reunión que ha tenido la Mesa de la Cámara madrileña, el representante de la formación que lidera Rocío Monasterio ha votado en contra tanto del procedimiento como de iniciar esta apertura de expediente porque no se cumplen los principios del procedimiento sancionador", han finalizado. 

Desde VOX afirman que todo esto se trata de una "cacería política", en "represalia" por los asuntos "sensibles" para la presidenta Ayuso, como la "inmigración ilegal, el gasto político y la falta de transparencia”.