La Comunidad de Madrid ha conseguido firmar con todos los sindicatos de Justicia un nuevo pacto sectorial para toda la legislatura cuyo objetivo es mejorar las retribuciones a los funcionarios de la Administración de Justicia. 

Así, mientras que en el Gobierno central las negociaciones siguen enquistadas, a nivel regional, Ayuso se compromete a incrementar a más de 7.200 empleados públicos su salario con entre 160 y 170 euros al mes progresivamente. 

El acuerdo ha sido aceptado con la unanimidad de todos los representados en la mesa sectorial. Es decir, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y DJUSTICIA.

Tal y como ha informado la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que "el Ejecutivo autonómico está completamente comprometido con seguir mejorando los medios al servicio de la Administración de Justicia".

Las negociaciones entre el Gobierno regional y los representantes de los empleados públicos comenzaron a finales de 2021. El preacuerdo firmado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Engloba incrementos en los salarios y en las plantillas, así como la recuperación de la acción social. Todas ellas representan una inversión pública superior a los 20 millones de euros.

Eso sí, la subida salarial no va a ser inmediata. Ahora comienza una tramitación administrativa que finalizará con su elevación al Consejo de Gobierno para la aprobación definitiva.

A quién beneficia

Los 7.224 funcionarios de la Administración de Justicia de la región se beneficiarán de un aumento de entre 160 y 170 euros mensuales en el complemento autonómico de sus nóminas.

La subida se aplicará gradualmente en 2024 (50%), 2025 (75%) y 2026 (100%). Esta medida supone para la Comunidad de Madrid 14.416.020 euros.

El documento también recoge más personal en la Administración de Justicia con el objetivo de mejorar la prestación de un servicio ágil y de calidad.

Así, se crearán cuatro puestos adscritos a la Oficina de Fiscalía, diez al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y 88 en distintos órganos judiciales de la región. En este ámbito se incluye la consolidación de los refuerzos que se acrediten como estructurales, la creación de oficinas de decanato en los partidos judiciales de San Lorenzo de El Escorial y de Torrelaguna. Estas iniciativas representan 4.267.992 euros para las arcas públicas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico y sindicatos han establecido destinar 1.500.000 euros para acciones sociales hasta 2026 que se negociarán en cada ejercicio.