Es un extracto de la entrevista que, el pasado mes de julio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, daba a El Español en plena campaña electoral para los comicios del 23-J. Una declaración de intenciones que, tras la presión recibida por parte de Vox para cambiar las leyes de género, vuelve al primer plano de la actualidad política con la reactivación de la Asamblea de Madrid este jueves.

Durante toda esta semana, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido sobre la necesidad de derogar estas normativas lo más pronto posible. Algo que era prioritario para Ayuso hace meses y que se ha ido desinflando conforme ganaba poder en la Cámara Regional. 

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Tras la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular el pasado 28-M, la modificación de la ley Trans regional ha pasado de ser un asunto "prioritario" a, simplemente, "estar en agenda". Las claves de esta modificación siguen estando claras: retocar los aspectos deportivos y derogar la inversión de la carga de prueba. Pero, ¿qué es exactamente la inversión de la carga de prueba de la que habla la presidenta?

En resumidas cuentas, la inversión de la carga de prueba da a una persona Trans la posibilidad de argumentar que se ha sentido discriminado sin aportar pruebas, teniendo que ser el demandado quien está obligado a probar que se ha cumplido la ley y no ha existido tal discriminación.

Desde el Ministerio de Igualdad, que coordina Irene Montero, explican que en el ámbito es frecuente que las víctimas se sientan "desmotivadas para acudir a los Tribunales u otras instancias ante la dificultad de probar que se ha sufrido una discriminación".

"Por esta razón, la legislación antidiscriminatoria de la Unión Europea introdujo un sistema probatorio más favorable hacia las personas que denuncian haber sido víctima de una discriminación", argumenta la página web del Ministerio.

Esto quiere decir que la víctima no debe probar que ha habido un acto de discriminación. Todo lo contrario, corresponde a la parte demandada (el presunto agente discriminador) demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

La ley de Madrid

En la legislación aprobada con la abstención del Partido Popular en 2016 y que sólo es aplicable en la Comunidad de Madrid (y en aquellos casos en los que no se desarrolla la ley Trans nacional), se explica que a inversión de carga de prueba es aplicable sólo en los procesos autonómicos.

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En el artículo 48 de la citada ley se concreta que la inversión de la carga de la prueba no será de aplicación ni en los "procesos penales" ni en "los procedimientos administrativos sancionadores".

Por poner un ejemplo en la Comunidad de Madrid. Si alguien sufre discriminación en un proceso selectivo púbico (OPE) o a la hora de pedir una subvención por razón de género y recurre la decisión a la propia Administración; debe ser esta la que justifique que no ha existido tal discriminación.

Al especificarse que esto sólo se aplica en procesos autonómicos, se excluyen hechos como agresiones físicas (ámbito penal) o de discriminación en una empresa o a la hora de alquilarte un piso (administrativo sancionador).

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Ayuso ya había hablado de la posibilidad de eliminar la inversión de la carga de la prueba. Lo hizo la pasada legislatura durante una sesión de la Asamblea de Madrid, el problema es que, en ese momento, Ayuso vinculó este apartado a una agresión física que sí estaría en el ámbito penal. En ese caso, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba a nivel regional no tendría efectos.

Además, en julio de 2021, Ayuso confirmaba su rechazo a la inversión de la carga de la prueba a raíz del asesinato de joven Samuel en A Coruña. "Veo bien corregir leyes que, de manera desproporcionada, dejan indefensos a hombres y mujeres frente a los juzgados", defendía.

"No es prioritario"

Durante esta última semana, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido dejar a un lado la modificación de la ley Trans y, aunque desde Vox quisieron centrar en eso su encuentro con Isabel Díaz Ayuso, ellos le restan importancia.

Lo mismo ocurrió con el cara a cara que la presidenta mantuvo este martes con la líder de Más Madrid, Mónica García. El partido a la izquierda del PSOE defiende mantener la ley regional tal y como está por lo que preguntó a Ayuso por los cambios sustanciales que plantean. "No hemos obtenido nada concreto", lamentaba García.

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Así, a preguntas de los medios, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, volvía a ser preguntado por los cambios y la premura (o no) que tenía su Ejecutivo. A este respecto, García reconoció que la ley es "mejorable", pero dejó de lado la urgencia con la que en julio se presentaba esta modificación.

"Hay aspectos que son muy mejorables. Hay que dar mayor seguridad jurídica", concretaba, añadiendo, además, que no era una de las prioridades del equipo de Ayuso. "Nuestra prioridad es mejorar los servicios públicos", contrarrestaba.

Ley nacional

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció su intención de modificar la ley Trans tras aceptar la toma en consideración de la derogación de la ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación a propuesta de Vox.

Ayuso tomó esa decisión en marzo, a sabiendas de que los plazos no daban. Era una declaración de intenciones derivada de la presión de Vox. En esos momentos, el PP no tenía la mayoría absoluta y dependía de los de Rocío Monasterio para algunas cosas.

En ese primer debate de la toma en consideración, la diputada del Partido Popular Elisa Vigil se encargó de enumerar los aspectos concretos de la ley Trans que querían cambiar. Además de la citada inversión de la carga de la prueba, se hablaba de "no aplicar cirugías a menores" o suprimir la "llamada autodeterminación de género".

De estos tres aspectos, el Gobierno de Ayuso sólo tiene potestad de derogar la inversión de la carga de la prueba y, como se ha explicado anteriormente, en el apartado regional. Y es que, ahora, hay una ley nacional que regula todos los otros aspectos y que, consiguientemente, se traspone a nivel autonómico.