El proveedor que sirvió comida en mal estado a varias residencias públicas de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando con ellos, por lo menos, hasta marzo de 2024.

Así consta en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno regional celebrado el pasado 23 de julio que cifra en 1,5 millones de euros el coste de algunos de los servicios de comidas que estarán vigentes desde el 6 de septiembre hasta el 5 de marzo.

La empresa Plataforma Femar S.L, que fue acusada por varios usuarios de distribuir comida en mal estado en varias residencias públicas de la región, ha recibido, de nuevo, el contrato por el que se distribuyen los menús de cinco centros de mayores en la Comunidad de Madrid.

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Concretamente, se ha firmado este contrato para cuatro residencias de ancianos y dos comedores sociales. Seis lotes cuyo precio varía de los 1,5 millones de euros por esos siete meses a los 742.342,60.

Dependiendo de si el servicio de comidas se presta a un centro ocupacional, comedores sociales o residencias de mayores. En total son unos 3 millones de euros por todos los lotes.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que las denuncias de los usuarios fueron aspectos puntuales y que, en todo momento, se está trabajando para mejorar la calidad de los menús.

Por eso, desde la Consejería de Servicios Sociales están realizando un nuevo pliego para controlar estos servicios que estará vigente en abril de 2024. Hasta entonces, se ha prorrogado el contrato con la adjudicataria aunque aumentando las labores de control para que no vuelva a pasar nada parecido. 

Patatas podridas

La empresa con la que se ha firmado el contrato fue denunciada por el sindicato CSIT Unión Profesional por servir 600 kilos de patatas podridas a diversas residencias durante la pasada Semana Santa.

Según denunció el sindicato, la comida que llevaba a esta residencia es "incomible" y "en mal estado" porque, en algunos casos, se había roto la cadena del frío de "yogures a punto de caducar".

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid insisten en que hay un compromiso por parte de la región con quiénes hacen uso de los comedores de los centros públicos. "Hemos incrementado en un 25% este contrato y tiene muchas mejoras en aspectos de calidad. Hemos prorrogado incorporando más medidas de control para que estas reclamaciones se subsanen".

La consejera de Servicios Sociales, Ana Dávila, ha explicado este mismo jueves que se ha prorrogado el pleno con Femar porque, hasta ahora, se está elaborando un nuevo pliego "de muchísima envergadura" y, por ello, se precisa de una prórroga del que está actualmente, aunque mejorando los controles de calidad.

Ya en abril, el que fuera portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, habló de la posibilidad de prorrogar el contrato de comida por cuestiones "técnicas y temporales". Se estimó que el cambio se produciría en enero, pero finalmente será en abril. 

Así pues, tras la prórroga de este contrato para marzo de 2024, lo que quiere la Comunidad de Madrid es cambiar las condiciones del servicio y que no vuelva a pasar lo ocurrido en estos centros.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, el nuevo contrato de alimentación de los centros públicos de Asuntos Sociales entrará en vigor en marzo de 2024, "con la mayor celeridad posible de acuerdo a lo que supone tramitar un contrato de tal envergadura según los plazos legales".

Por ello, reiteran que para que no hubiera un periodo sin contrato, "se ha programado la mínima prórroga del actual, por un plazo de seis meses con refuerzo de los controles, para coincidir con la entrada en vigor del nuevo contrato, que tendrá una inversión de 26 millones de euros y un aumento del 25% en el precio de los menús, según se acordó en el Consejo de Gobierno".

Mejoras para 2024

Sobre estas mejoras que, según la Comunidad, se pondrán en marcha en los contratos a partir de marzo de 2024, destaca que se primarán los criterios técnicos y de calidad sobre los económicos.

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"Así, el pliego de prescripciones técnicas incluirá un catálogo de menús con tipos de dietas y una relación de fichas técnicas de platos elaborados por médicos y nutricionistas, con el objetivo de aumentar la calidad, la variedad y la rotación de platos, asegurando las distintas dietas prescritas", explican desde la Consejería. Esto es algo, por ejemplo, que se hace a la hora de externalizar los contratos de comidas de los colegios y los hospitales.

La intención que ha trasladado la Consejería de Servicios Sociales es la de disponer, a partir del citado mes de marzo, de un procedimiento para la comprobación y conformidad in situ del estado y cantidad del género en el momento de la entrega. Además de "disponer al inicio del contrato de una herramienta de gestión con más funcionalidades, ofertar un software de geolocalización del transporte de pedidos o puntuar más la proximidad de un almacén de contingencia".

"Asimismo, se intensifican los controles de supervisión y se creará una unidad interna en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el mejorar el seguimiento del contrato. Por último, aumentarán las sanciones por incumplimientos, tanto mediante penalidades como mediante las causas de resolución", finalizan desde la Consejería.