La Comunidad de Madrid interpondrá en los próximos días ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la nueva normativa estatal, que entró en vigor en mayo, "invade competencias autonómicas" y se "extralimita en la interpretación" de determinadas materias. Así lo ha anunciado este miércoles el Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y el consejero de Transportes, Jaime Rodrigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. 

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid consideramos que varios de los artículos de la Ley de Vivienda invaden competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía y se extralimita en la interpretación de todas las materias", ha señalado Rodrigo. En concreto, el consejero ha apuntado a que el Estado se ha "extralimitado" en 11 apartados de ocho artículos de la nueva legislación y también en una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El eje de razonamiento de los servicios jurídicos de Sol es que consideran que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.

En los últimos meses, el Gobierno de Díaz Ayuso ha mostrado su rechazo a la regulación aprobada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. De hecho, la propia dirigente popular aseguró en abril que la Comunidad de Madrid no aplicaría la Ley de Vivienda "donde no sea obligatorio". A su juicio, la norma estatal es un "atropello de la propiedad" y tendrá como consecuencia que la oferta de viviendas en alquiler "se va a desplomar". 

En una nota difundida por el Gobierno regional, insisten en que el recurso se interpone por la "excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado".

"Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas están legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía", añade.

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Tras el visto bueno del Senado, la Ley de Vivienda entró en vigor con el objetivo de abordar las escaladas de precios en el mercado del alquiler y los problemas de acceso a la vivienda. La legislación contempla topes de precios en áreas tensionadas y define como gran tenedor al propietario que tiene cinco viviendas en áreas tensionadas. 

Estos cambios alarmaron al sector y al Banco de España, que avisó de que el tope al alquiler puede conllevar "efectos indeseados", como elevar los precios y que caiga el número de viviendas disponibles.