Paso atrás para que la Ciudad de la Justicia de Madrid sea una realidad. La Comunidad de Madrid ha declarado desierta (de nuevo) la licitación mediante procedimiento de negociado sin publicidad del contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de uno de los megaproyectos que más está costando sacar adelante al Gobierno regional. 

Según consta en el Portal de Contratación Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la oferta recibida por la única empresa que había presentado una oferta para gestionar el proyecto ha quedado anulada por "no ajustarse a los criterios establecidos en los pliegos".

Esta última oferta era la última tabla de salvación a la que se agarraba el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso después de que, en el mes de febrero, y justo al límite del vencimiento del plazo, una empresa presentara un proyecto para la gestión de la Ciudad de la Justicia. 

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La licitación inicial había quedado desierta en noviembre de 2022, y la Comunidad de Madrid, con el afán de terminar la obra millonaria iniciada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, se puso en contacto con una serie de empresas con el objetivo de 'salvar' a la Ciudad de la Justicia antes de las elecciones. Se modificaron algunos aspectos de los pliegos para intentar hacer más atractivo el proyecto. 

Una unión temporal de empresas (UTE) aceptó el proyecto, presentó una oferta y, ahora, según fuentes de la Consejería de Presidencia, la oferta no se ajusta a los pliegos. Es por eso por lo que el Portal de Contratación Pública ha publicado este viernes la orden por la que se declara desierta la licitación del contrato, en la que se alega la "falta de documentación requerida".

En concreto, y según ha publicado Europa Press, la Mesa de Contratación, formada por seis funcionarios que han estudiado el expediente, ha determinado que la oferta no cumple con lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En este sentido, alegan que la empresa "no aportó un programa económico que incluyera todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de la licitación".

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Tras este desenlace, fuentes del Gobierno regional apuntan que buscarán la mejor vía para "reunificar las sedes judiciales y lograr una gestión más eficiente de los recursos a disposición de la Administración de Justicia. ¿Esto significa que la Comunidad da por perdido el proyecto de la Ciudad de la Justicia? "No se sabe". 

Fuentes de la Consejería afirman que lo que se va a hacer ahora es analizar lo que ha pasado durante "todos estos años" (el proyecto lo inició Esperanza Aguirre y ha pasado por los gobiernos de Ignacio González y Cristina Cifuentes) y ver cuál es la mejor solución. Por eso rehúsan pronunciarse sobre si la idea de la Justicia en Valdebebas es cosa del pasado o puede tener un futuro.

El contrato

El valor estimado del contrato es de 2.847.986.667,47 euros y contempla la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.

El proyecto pretende concentrar en Valdebebas los 356 órganos judiciales dispersos en 28 inmuebles de la ciudad de Madrid con una megaciudad que está todavía por terminar. 

En un primer momento, en agosto de 2022, la Comunidad de Madrid abrió el plazo para la concesión del contrato y, en el mes de noviembre, se declaró desierto al no haberse recibido ninguna oferta económica. 

Con el contexto de la Guerra de Ucrania, se alegaron diferentes razones por las que no se había conseguido adjudicar la concesión como la subida de los tipos de interés; la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía; así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.

Al quedar el concurso vacío, se volvió a licitar con algunos cambios y se presentó sólo una unión temporal de empresas (UTE). En este segundo intento, en plena precampaña electoral para el 28-M, la Administración regional decidió que esta concesión se estableciera plazo máximo de 40 años. 

El canon ascendía, como máximo, a 49,3 millones de euros (más IVA), cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Fuentes regionales detallaron entonces que la aportación pública nunca superaría los 2.100 millones de euros.

Además, esta cuantía solo sería examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondría para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.