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Hecho que Ayuso no ha despreciado sino aprovechado a su favor anunciado nuevos modelos de convivencia para los más mayores, como los cheques residencia, y, ahora, la modificación del reglamento por el que se organizan las residencias de ancianos que gestiona directamente la Comunidad.

Entre sus grandes novedades, Ayuso ha decidido dar más poder a los residentes y sus familias modificando el trabajo que hace el Consejo de Residentes, al que dotará de mayor autonomía e integrará a los familiares de los internos.

Según el proyecto de orden que ha sido sometido a Consulta Pública, Ayuso va a modificar el Consejo de Residentes, recogido en el artículo 34 del citado reglamento, para que formen parte del mismo "familiares o personas que ejerzan alguna medida de apoyo a los residentes". Hasta ahora, este organismo sólo estaba formado con los residentes.

Entre sus funciones, el Gobierno de Ayuso tiene pensado dar más poder a este organismo, permitiéndoles elevar a la dirección del centro propuestas de mejora relacionadas con su funcionamiento. Así como constituir grupos y comisiones de trabajo.

Ahora, este Consejo de Residentes tendrá mucho más poder, puesto que pasará de haber un representante por cada 100 residentes a una proporción mucho más elevada. Con la nueva ley en los centros de hasta 150 residentes habrá 5 miembros, hasta 300 habrá siete y más de ese número de plazas corresponderá a 9 miembros.

También cambia la variabilidad de su elección, que pasarán de ser elegidos cada dos años a cada uno. Aun así, estos órganos pierden un poder que sí tenían hasta ahora, como era conocer "el anteproyecto de presupuesto del centro y el proyecto de reglamento de régimen interno".

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La ley también prevé cambios en lo que respecta a las amonestaciones a los residentes por diferentes hechos. Entre las sanciones se incluyen, en las fracciones graves, poder expulsar temporalmente a otro centro por un periodo máximo de 12 meses a un residente. Algo que hasta ahora sólo estaba contemplado en caso de infracciones muy graves y por un periodo máximo de seis meses.

En este mismo sentido, la graduación de las sanciones también se prevé modificar incluyendo tener en cuenta el número de personas afectadas y el lucro obtenido por las mismas. Pero, aunque las sanciones se penen con mayor castigo que antes, la posibilidad de considerar a un residente reincidente grave se diluye.

Esto ocurre porque, en la anterior legislación, se considera que una persona es reincidente si realiza dos faltas en un periodo inferior a seis meses. El tiempo ahora se amplía al año.

Además de dar más poder a los residentes, también se aumenta la importancia de la Asamblea General, el máximo órgano de participación del que forman parte todos los residentes y familiares. Ahora, al contrario que antes, tendrá la potestad de aprobar "las líneas generales y prioridades de actuación del Consejo de Residentes".