La Comunidad de Madrid ha adoptado desde 2020 más de 200 propuestas de particulares y empresas para aplacar las trabas regulatorias y burocráticas que  entorpecen a los negocios que operan en la región.

Así se desprende del 'Informe anual de lucha contra la hiperregulación' elaborado por el Gobierno madrileño y que presenta este martes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty. 

El documento recoge un mensaje de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el que alerta de las "múltiples consecuencias" que tiene el exceso de regulación en la economía, en la seguridad jurídica de las empresas y en la Administración. En este sentido, expone que, durante la pandemia, se produjo un "incremento excepcional de la producción normativa del Gobierno central, las comunidades y las dos ciudades autónomas". 

"Sólo los primeros veinte meses [estas administraciones] nos trajeron más de 4.000 normas en más de dos millones de páginas", detalla. A su vez, la Unión Europea, "fuente de derecho de los países miembros", adoptó en 2021 un total de 1.005 reglamentos, 29 directivas y 1.142 decisiones, sumando más de 2.100 actos jurídicos.

Se producen, por tanto, "duplicidades" que, unidas a la "escasa duración de las leyes que se derogan con enorme facilidad", juegan en contra de la actividad económica. En su mensaje, Ayuso señala que "el coste para nuestras empresas de las trabas regulatorias, las cargas administrativas y el exceso normativo es de entre 2.500 y 4.500 millones de euros". 

La presentación del documento coincide con el segundo aniversario del inicio de Línea Abierta, una ventana de la web de la Comunidad de Madrid donde los interesados pueden describir las barreras con las que se topan en una normativa a la hora de poner en marcha sus proyectos. También pueden aportar ideas para que, en coordinación con las distintas consejerías, se cambien o supriman las normas que hayan quedado obsoletas. 

75% propuestas ejecutadas

De las 205 propuestas planteadas por particulares y empresas, el Gobierno regional ya ha ejecutado el 75% y el resto está tramitándose. Además, el 35% de las propuestas adoptadas ha requerido modificar una norma con rango de ley. 

De las medidas del informe, el 21% están vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente, 17% a Sanidad, 15% a Economía, Hacienda y Empleo y el 11% a Políticas Sociales. En definitiva, el 78% de estas iniciativas, remarca el balance, han mejorado regulaciones y el resto han ayudado a simplificar los trámites burocráticos. 

¿Y en qué consisten las propuestas adoptadas? En el área medioambiental, por ejemplo, destacan iniciativas como la sustitución de la normativa obsoleta sobre la gestión de pilas y acumuladores o la adaptación de la normativa sobre residuos y suelos contaminados a la legislación estatal básica. 

Por otro lado, ya no es obligatorio un informe o la supervisión de los proyectos por parte de la Administración autonómica para los contratos de obras municipales incluidos en el programa regional de inversiones y servicios. 

El Gobierno de Díaz Ayuso, además, destaca normativas impulsadas en este tiempo como la Ley Ómnibus -que ha constituido un "hito fundamental"- o la Ley de Mercado Abierto para que un empresario de otro punto de España pueda emprender su actividad económica sin más papeleos o trámites.