La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el conocido como "impuesto de solidaridad" por su invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal.

El citado gravamen se aplicará a las grandes fortunas a partir de los tres millones de euros y se aplica como un recargo al impuesto de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100%.

"Genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional", ha declarado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

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Así las cosas, Ayuso vuelve a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez por su iniciativa. "No hay justificación", ha afirmado. 

La presidenta acusa a Moncloa de ignorar la Constitución "en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica".

"Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y
nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los
intereses económicos de toda España", ha añadido.

Suspensión cautelar

La presidenta ha explicado que en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles en Alcobendas se ha aprobado la interposición del recurso y que previamente también se solicitará su suspensión cautelar.

Ayuso ha justificado que este recurso lo eleva ante el TC en defensa de la economía española y madrileña "frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Es resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio —ha acusado—, y literalmente va contra el ahorro y la inversión".

Hay que recordar que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100%
desde 2008.

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Esto significa que, con el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central, Madrid pasa de no cobrar impuesto de Patrimonio a hacerlo y, encima, que la recaudación se destine directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

La cuota es nacional para todas las autonomías y de régimen común, por lo que invade la gestión en materia autonómica. Para aquellos que tengan impuesto de Patrimonio no les supondrá un gran cambio, pero para otros como Madrid, bonificado al 100%, si afectará. 

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez y su equipo de ir contra Madrid. Ha argumentado que el impuesto perjudica a unos ciudadanos más que a otros (en función de su lugar de residencia) infringiendo el principio de igualdad. "Su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada algunas regiones como Madrid".

En su recurso ante el TC, Madrid también va a argumentar que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022. Esto quiere decir que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar (confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación) ahora se van a ver obligados a hacerlo.

En una línea muy similar a las críticas que el Partido Popular hace desde la calle Génova, Ayuso acusa al Gobierno de sacar adelante un impuesto sin ser sometido a consulta pública y careciendo de memoria económica, incluso, de un dictamen del Consejo de Estado.

En su lista de razones por las que consideran que el impuesto es inconstitucional, Ayuso también ha explicado que, a su parecer, vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las comunidades autónomas a cobrar este impuesto.

Todo ello, sin existir consenso con ellas y saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

De nuevo, la Comunidad de Madrid acusa al Ejecutivo de usar este impuesto para recaudar dinero y obligar a los españoles a pagarles "su campaña". 

"Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España", ha finalizado.