Esta situación "preocupa y ocupa" al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, aunque insiste en que no hay que "alarmar" a la ciudadanía.

En entrevista con EL ESPAÑOL, Enrique López (León, 1963) reclama más efectivos policiales, sobre todo centrados en investigar a los cabecillas de estas bandas, para poder desarticularlas y se niega a utilizar la expresión "bandas latinas". "Con independencia de la procedencia de sus padres, son inmigrantes de tercera generación", señala.

En el interior de su consejería, situada a la espalda de la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico, López amontona carpetas con el logo de la Comunidad. Hacer frente a la okupación o incrementar los servicios a su cargo (cuarteles de bomberos, policía y juzgados municipales) son algunos de los proyectos que emanan de esos folios.

Mucho trabajo para un consejero que tiene por delante reactivar el gran proyecto fallido de la Comunidad de Madrid: la Ciudad de la Justicia. No aclara si, cuando se ponga en marcha dentro de unos cuatro años, prevé inaugurarla como consejero o acudir a ella de oficio porque haya regresado a la adjudicataria. Y es que López fue magistrado del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional, antes de incorporarse al equipo de Isabel Díaz Ayuso.

¿Cuántos jóvenes han muerto por reyertas de bandas juveniles este año en la Comunidad de Madrid?

Si sumamos los dos últimos homicidios, que todavía están en investigación, seis.

¿Seis jóvenes fallecidos en este tipo de reyertas desde el 4 de febrero?

Sí, el homicidio de febrero dio la voz de alarma respecto al repunte que habíamos denunciado previamente, en relación con la violencia de las bandas juveniles. Pedí públicamente que el Gobierno, a través de la Delegación, creara un plan específico contra estas bandas, con presencia policial en las zonas en las que actúan y con un control específico de las armas blancas.

Enrique López durante su entrevista este miércoles con EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Solicité efectivos concretos para hacer más investigación policial, sobre todo inteligencia, para investigar su uso y su condición criminal, su modus operandi y descabezarlas. Hay que reconocer que, efectivamente, ese plan se produjo y ha tenido resultados.

¿Qué le falta a ese plan?

Más presencia policial, más efectivos, precisamente dedicados y dirigidos a la erradicación de este fenómeno. No es una situación generalizada en Madrid, pero obviamente nos tiene que preocupar y ocupar. No hay que alarmar de forma injustificada a la sociedad. Madrid es una comunidad tranquila, de las más seguras de Europa; pero hay que trabajar para que lo siga siendo.

No sé si tienen contabilizadas cuántas bandas hay, aproximadamente, en la región y cuántos menores forman parte de ellas.

Es un dato con el que trabaja la Delegación y asumimos esa cifra del Gobierno como válida.

¿Y cuál es la cifra?

Casi 500 o 600 personas que pueden estar integradas en este tipo de organizaciones criminales.

"No vivimos un fenómeno de bandas juveniles como el de Barcelona"

Habla de que no hay que alarmar a la población, pero las reyertas de este tipo los fines de semana son asiduas. ¿Por qué ha surgido (o se ha incrementado, más bien) este problema ahora en Madrid?

El fenómeno criminal de las bandas juveniles violentas no es nuevo. Ya hace años que se viene trabajando respecto a ellas. Primero fueron una réplica de bandas juveniles con modus operandi muy similares a los de países centroamericanos como Guatemala. Los apodos de estas bandas obedecen a ese elemento latino.

Hoy la inmensa mayoría de sus integrantes son españoles, al margen del origen de sus padres. Y por eso no hay que hablar de bandas latinas, sino de bandas juveniles y sobre todo, de bandas juveniles violentas.

Insisto en hablar de tranquilidad porque estamos ante una situación muy focalizada y en la que, lo que hay que hacer, es invertir más en actividad policial e inteligencia policial. Todo ello para, como cualquier delincuencia organizada, atajarla, teniendo en cuenta que es fundamental conocer cómo se las descabeza.

No quiere focalizar en bandas latinas, ¿hay más nacionalidades?

Hay diferentes nacionalidades de origen, pero yo insisto en que el elemento extranjería es el que yo tendría mucho menos en cuenta. La mayoría son personas que viven en Madrid.

Enrique López es consejero de la Comunidad de Madrid desde 2019. Esteban Palazuelos

¿Cómo se puede atajar el problema?

Debemos trabajar en la prevención a través de protocolos en los centros educativos y detectar cuanto antes el riesgo de integración de jóvenes y adolescentes en estas bandas. Ahí tenemos competencias a través de la de la Consejería de Educación y las policías locales con los agentes tutor. También hay que poner de manifiesto que estos jóvenes alternan a menudo la integración en banda vez con el consumo de sustancias tóxicas.

Y, por otro lado, hay que pensar en algún tipo de reforma legal. Por ejemplo, agravar la pena a los delincuentes adultos que utilicen a menores para la comisión de delitos. También proponemos tipificar la tenencia de armas peligrosas, como machetes de grandes dimensiones.

Al margen de que se debe restringir y controlar la compraventa de grandes machetes, está claro que se puede estudiar incluirlos dentro del tipo de tenencia de armas de fuego. Hay que castigar la tenencia de armas peligrosas por el lugar y la zona en la que se portan. Muchos de estos machetes, que son los típicos que se utiliza para labores forestales, están en las calles de Madrid. Y ahí no tienen ningún sentido.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía esta semana que hay suficientes efectivos en Madrid y que se ha ampliado su presencia en la región.

Sacan pecho porque han sumado más de 2.000 efectivos en los últimos cinco años y eso hay que felicitarlo, pero luego lo convierten en una crítica al Gobierno de Rajoy. La política no hay que hacerla contra alguien, hay que hacerla a favor de alguien. En este caso, a favor de la seguridad. Y, al igual que digo que hay que reconocer que se han incrementado los efectivos, también es cierto que en el mismo periodo de tiempo la población en Madrid ha aumentado en 300.000 personas, lo que prácticamente amortiza los efectivos a los que se refiere la Delegación del Gobierno.

Insisto en que son necesarios más recursos policiales y más guardia civil. No solo por el número de población, sino por la concentración. Estamos hablando de la segunda área metropolitana más extensa, más poblada de Europa después de París. Y también hay que puntualizar que unos 2.000 de los agentes destinados en Madrid están dedicados a servicios centrales (ministerios, organizaciones gubernamentales, instituciones oficiales, etc.) y no a la ciudadanía.

"Hay que cambiar la ley para las comunidades de vecinos puedan pedir desahuciar a un okupa incomodo"

Además de destinar más o menos efectivos, ¿perciben un espíritu de colaboración por parte del Gobierno de España con su consejería?

Existe colaboración entre ayuntamientos, comunidad autónoma y Ministerio de Interior a través de la Delegación del Gobierno. Es cierto, y hay que recordar que nosotros, precisamente para animar a policías y guardias civiles a quedarse en Madrid, propusimos una serie de medidas, como ofrecerles una vivienda, pero el ministro de Interior no encontró ningún instrumento jurídico para hacerlo posible.

Volviendo a las bandas juveniles, ¿ha tenido algún contacto con otras regiones o ayuntamientos que hayan sufrido un incremento similar de este fenómeno? Como Barcelona, por ejemplo.

Las estadísticas criminales son muy superiores en Cataluña y, concretamente, en Barcelona. No vivimos un fenómeno como el de Barcelona, y eso que ellos tienen más efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Si sumamos los Mossos d’Esquadra, a los policías y guardias civiles que afortunadamente siguen trabajando en Cataluña, el número es superior al de Madrid.

También habrá que preguntarse qué ocurre cuando en una comunidad autónoma existe un Gobierno cuyo objetivo fundamental es no cumplir la ley de forma permanente. Qué ocurre cuando desde una alcaldía se fomentan delitos contra la propiedad horizontal o se banalizan los delitos como el de okupación. Tal vez algo de esto tiene que ver con el aumento de criminalidad en Barcelona.

Durante la presidencia de Pablo Casado, López fue secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular Esteban Palazuelos

Habla del fenómeno de la okupación en Cataluña. Hace unos meses planteaba que los desalojos se produjeran en menos de 48 horas por ley. El Gobierno nacional obvio su petición y, hace unas semanas, registraban en el Congreso una iniciativa similar. ¿Qué ha pasado en el PSOE para este cambio de actitud?

Estamos ante el gobierno Frankestein, donde una parte del gobierno banaliza y justifica la okupación y la otra, por razones puramente electorales, la pretende parar.

Por cierto, su propuesta no colma lo que yo entiendo que ha de ser la medida adecuada para combatir la okupación. El PSOE habla de que los jueces podrán ordenar la desocupación de la vivienda cuando se produzca la denuncia por parte de los propietarios, pero nosotros proponemos algo más.

Nosotros queremos que, cuando el okupante no logre acreditar ningún título que le permita residir en la vivienda, se produzca esta desocupación sin más. Sin necesidad de que el propietario tenga que acreditar la carencia de título del ocupante y pedir su desalojo. Queremos que, cuando el que está en la vivienda no tenga título que justifique su presencia, se proceda a su desocupación. Salvo que se trate de personas vulnerables, para lo cual están los servicios sociales y las Administraciones, que somos las obligadas a darles soluciones habitacionales.

"No había casos de pinchazos relacionados con sumisión química, creamos una alarma injustificada"

El Gobierno, con su propuesta, salva la cara ante Podemos porque, al poner el foco en el propietario, no 'toca' a las casas pertenecientes a bancos o fondos de inversión que están ocupadas. ¿Qué solución debe haber para esos domicilios?

Habría que hacer una reforma en la ley de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque muchos de esos okupas generan muchos problemas de convivencia en la comunidad. Entonces hay que cambiar la ley de propiedad horizontal para que, si hay desidia por parte del propietario, la comunidad pueda pedir ante los juzgados el desahucio de esos okupas incómodos.

Este mismo miércoles la fiscalía ha entregado la memoria de 2021. ¿En ella se constata un incremento de la violencia de las bandas juveniles y de estas okupaciones?

La delincuencia en general ha aumentado ligeramente en Madrid, pero también hay que analizar qué tipo de delitos, por ejemplo, ha habido un aumento de delitos tipificados como agresiones o abusos sexuales. En este caso, la solución no sólo puede ser policial, sino que hay que poner el foco en la prevención. Hay que plantearnos qué estamos haciendo mal con los más jóvenes que tienen un acceso indiscriminado a internet y que consumen pornografía cuando todavía son unos niños.

López pide que se dote de más recursos e inteligencia policial para hacer frente a las bandas juveniles. Esteban Palazuelos

En ese tipo de agresiones o abusos sexuales, imagino, aparecerán los pinchazos asociados a la sumisión química de los que tanto se habló este verano. Parece que ahora esa denuncia social ha desaparecido. ¿Qué pasó con todo aquello?

Estaba en contacto con los responsables policiales y de la Guardia Civil preguntando por esto y todos me decían lo mismo: no había casos, pero que sí había una gran sugestión pública. Creamos una alarma injustificada. De ahí lo importante de ser responsables en esta materia, tanto los políticos como los medios de comunicación, a la hora de tratar esos temas. A veces creamos alarmas injustificadas y, en este caso, fue así.

Estas semanas, como desde hace cuatro años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a estar en boca de todos. Usted estuvo del lado de Pablo Casado, exlíder del PP nacional, para intentar desbloquear las negociaciones. ¿Qué opina de la situación actual?

La solución del problema es fácil: hay que renovar el Consejo y reformar la ley. Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Gobierno y oposición tienen que ponerse de acuerdo para renovar el Consejo y el Gobierno tiene que instar cuanto antes una reforma legal para que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces, como propone Europa y como nos propone la Constitución.

En esto me gustaría decir algo con mucha claridad. El debate está perjudicando a la imagen del Poder Judicial español. Los jueces españoles son rabiosamente independientes.

"La ciudad de la Justicia de Madrid va a ser una de las megalópolis judiciales más importantes de Europa"

Usted estuvo con muy cerca de Casado cuando se estaba negociando todo este asunto. Se filtró hace unas semanas un documento que, probablemente, habían pactado el PP y el PSOE en aquél momento y que, supuestamente, no se entregó a Alberto Núñez Feijóo.

Desconozco ese tema, mi responsabilidad era asesorar a los que negociaban. Y respecto a la transición que se produjo con este tema dentro del partido, lo desconozco. Pero el problema no es ese. Más allá de tener un ministro [se refiere al ministro de Presidencia, Félix Bolaños] que realiza actuaciones cuando menos cuestionables, muy poco serias, y muy poco responsables.

Hasta mayo su conserjería afronta muchos retos. Uno de ellos es la Ciudad de la Justicia de Madrid.

Ahora mismo estamos en el proceso de adjudicación para la construcción, la explotación y el mantenimiento. A lo largo de este mes finaliza el plazo y esperemos que haya concurrencia. Hemos elegido el modelo de colaboración público-privada. El mundo privado es el que va a poder realizar esta construcción, explotación y mantenimiento mediante el pago de un canon.

¿Cuándo estará lista?

Está previsto que durante el primer año se elabore el proyecto y se levante durante los tres siguientes. Luego quedarían 36 años, que son los que dura la concesión de obra para que se explote el recinto. Y pasados 40 años, esos 18 edificios revertirán en el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Estamos ante un gran ahorro para el erario público de los madrileños y, a la vez, la construcción de una megalópolis judicial de las más importantes de Europa.

¿Se ve inaugurando esa Ciudad de la Justicia como consejero?

Ese es un tema que se verá en el momento oportuno. Yo tengo unas obligaciones, que son finalizar esta legislatura, y cumplir unos objetivos.

Desde la Comunidad de Madrid demandan que la región necesita más efectivos de Policia Nacional y Guardia Civil. Esteban Palazuelos

¿Cuáles son?

Poner en marcha las jefaturas judiciales que estamos construyendo en Valdemoro, en Torrejón, el segundo edificio de la ciudad de Getafe o el inicio de la Ciudad de la Justicia de Móstoles. En el ámbito de interior, seguir avanzando en aumentar el número de trabajadores en materia de emergencias y seguridad. Concretamente, seguir creando el mejor Cuerpo de Bomberos de España y potenciar a los agentes forestales. También seguir trabajando por la protección civil con la ley que está ahora mismo en la Asamblea.

En el ámbito de Presidencia, seguir coordinando una acción de Gobierno para que la Administración madrileña sea mucho más amable al ciudadano y más digital.

¿Está preparado para una campaña electoral contra los ministros de Pedro Sánchez? ¿Ve a Juan Lobato (PSM) como un rival para arrebatarles la Presidencia?

El objetivo de Lobato es convertirse en líder de la oposición y ganar a Más Madrid. Nada más. Díaz Ayuso va a repetir su resultado con una mayoría más reforzada. En las elecciones de 2021, Pedro Sánchez intentó ser la oposición a Isabel Díaz Ayuso y se perdió. Ahora está claro que lo que existe es una política de acoso y derribo al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero yo recuerdo lo que pasó cuando en las anteriores elecciones y va a pasar de nuevo este mayo.

Habla de política de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid, pero, con el Impuesto de Patrimonio, el Gobierno no se había atrevido a meterse con Madrid. No ha preparado su "impuesto de solidaridad" hasta que no ha propuesto algo similar el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

La ministra de Hacienda lleva advirtiendo un tiempo que hay que reorganizar la fiscalidad española y, concretamente, armonizar impuestos. Es decir, aumentarlos. El impuesto de solidaridad es un impuesto de patrimonio encubierto que ataca directamente la autonomía fiscal de las autonomías.

"Estos presupuestos generales son absurdos, antisociales y cargan todo el gasto público sobre la clase media española"

Han anunciado que van a estudiar llevar este tema ante la Justicia. Ya son varios los frentes abiertos que tienen en los juzgados con el Gobierno de Pedro Sánchez. La ley de educación, las medidas de ahorro energético, ahora esto…

Tenemos la obligación de defender a los madrileños. El Gobierno acaba de sacar unos Presupuestos absurdos, absolutamente antisociales y que cargan todo el gasto público sobre la clase media española.

Si se aprueban estos Presupuestos vamos a tener que pagar en intereses de deuda más de 30.000 millones de euros, que es mucho más de lo que se invierte en cuatro o cinco ministerios juntos. Y esta deuda lo van a pagar nuestras generaciones venideras.