María del Carmen Arnedo perdió su casa en Alcorcón tras avalar la hipoteca de su hijo, quien dejó de pagar tras diez años.
La vivienda, donde vivió durante décadas y formó su familia, fue adjudicada a un subastero por 58.000 euros, muy por debajo de su valor.
María del Carmen emprendió una larga batalla judicial y social, logrando evitar la reclamación de la deuda, pero no pudo recuperar su vivienda.
Actualmente vive con su hijo en Toledo y sigue participando activamente en movimientos sociales contra los desahucios, reclamando leyes más justas y más vivienda social.
María del Carmen Arnedo tiene 76 años y lleva desde 2009 luchando por una casa que ya no tiene. Ahora vive con su hijo en Toledo, pero durante décadas su vida estuvo en Alcorcón, en el piso que compró cuando tenía 20 años, poco después de casarse.
Ahí crecieron sus hijos y sus nietos y ahí pensaba pasar el resto de su vida. Lo perdió después de avalar con aquella vivienda la hipoteca que su hijo pidió para comprar un piso. Desde entonces, su historia se ha convertido también en una lucha contra los desahucios de otras personas.
Todo empezó en 2004, cuando su hijo pidió una hipoteca de 18 millones de pesetas, algo más de 108.000 euros. Fue un familiar con quien hizo la hipoteca y Maricarmen avaló la operación con su vivienda. "Yo no tenía idea de estas cosas", recuerda.
Su hijo estuvo pagando durante diez años, hasta que dejó de hacerlo. Ella comenzó a preguntar qué estaba pasando y por qué no se abonaban las cuotas, hasta que recibió una carta que anunciaba que los dos pisos iban a salir a subasta
La vivienda de su hijo, situada a más de cien kilómetros de Madrid, terminó en manos del banco. La suya, un piso de más de 90 metros cuadrados en Alcorcón que, según recuerda, entonces tenía un valor de unos 178.000 euros, se la adjudicó un subastero por 58.000.
"Me pedían los dos pisos y todo el dinero, los 18 millones de pesetas que había pedido mi hijo", explica. Para ella resultaba difícil entender cómo podía perder la vivienda en la que había vivido durante décadas por una deuda que no había contraído ella.
Sus nietos, que conocían organizaciones de vivienda de La Elipa, buscaron entonces ayuda para ella. Dos días después, recuerda, Rafa Mayoral acudió a revisar la documentación de la hipoteca. Al leerla, según cuenta Maricarmen, detectó varias cláusulas que consideró abusivas.
Ella decidió entonces iniciar una batalla judicial que se prolongaría durante años. "Esta hipoteca está hecha con una mala hostia que tienes que luchar", recuerda que le dijo el ex diputado de Podemos.
Buscó un abogado de oficio y comenzó un procedimiento contra el banco que se alargó durante una década. Maricarmen asegura que fue ganando las distintas batallas judiciales y que, aunque finalmente perdió las dos viviendas, consiguió que no le reclamaran personalmente los 18 millones de pesetas que había pedido su hijo. La casa, sin embargo, ya no podía recuperarla.
Desde entonces ha intentado conseguir una vivienda pública en Alcorcón. Guarda cartas que envió a los distintos alcaldes de la localidad pidiendo un lugar donde poder vivir. También recurrió al Defensor del Pueblo, que consiguió paralizar durante tres meses uno de los procedimientos. Pero el desahucio terminó llegando. En septiembre se fijó el lanzamiento y más de 500 personas se concentraron ante la puerta de su casa para intentar evitarlo.
Para entonces María del Carmen ya era conocida dentro de los movimientos por la vivienda. Había comenzado a acudir a desahucios y concentraciones y también a cantar durante las movilizaciones. "He hecho canciones para protestar por todo", cuenta.
El primer intento de echarla de su vivienda se paralizó, pero la jueza fijó una nueva fecha. La mujer que acudió del juzgado durante aquel primer lanzamiento le advirtió, según recuerda, de que la siguiente vez sería diferente: "Esta vez te salió bien, pero la otra ya verás tú".
Maricarmen tuvo miedo de que el siguiente lanzamiento acabara en enfrentamientos y de que las personas que acudieran a apoyarla pudieran resultar heridas. Pensó que podían pegar a sus compañeros y que ella no quería ser responsable de que aquello ocurriera.
Dos días antes de la nueva fecha de desahucio tomó una decisión: entregó las llaves al subastero. "Me daría pena que les pegaran", explica. En 2019 perdió definitivamente su casa, pero no abandonó la lucha.
Desde entonces continúa vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y participa en acciones relacionadas con todo tipo de problemas de vivienda. Ya no habla únicamente de hipotecas, porque, en estos años, asegura haber visto cómo las dificultades se multiplicaban y cambiaban de forma. "Ahora es más que eso. Lo que viene es hipoteca, alquileres, okupaciones, todo lo que podemos hacer", explica.
Han pasado casi dos décadas desde que comenzó su propia batalla y reconoce que el cansancio empieza a pesar. "He estado muchos años luchando, pero ya me ha comido la moral", dice. Aun así, continúa acudiendo a las movilizaciones y esta semana tiene previsto acercarse de nuevo a la Puerta del Sol.
Su esperanza es que las reivindicaciones de quienes llevan años organizándose en torno a la vivienda lleguen finalmente al Gobierno.
Maricarmen asegura que han acudido en numerosas ocasiones a reunirse con representantes de las instituciones y que han recibido promesas y "buenas palabras", pero considera que no han llegado cambios suficientes. Por eso, su petición al Gobierno es directa: "Por favor, no hagan sufrir más a las personas".
Pide que se modifique la legislación para evitar que otras familias atraviesen situaciones como la suya, que se limite la venta de viviendas a fondos buitres y que se construya más vivienda social, pero también que esa vivienda no pueda terminar vendiéndose, como ha ocurrido en algunos casos con promociones de protección oficial.
"Quiero que hagan casas sociales y que no se puedan vender como ha pasado", reclama. Y vuelve a recordar que ella también contribuyó durante toda su vida a financiar los servicios públicos: "He estado trabajando toda mi puta vida dando impuestos para que hagan esas casas".
Su petición, en el fondo, es más sencilla: que las personas no queden en la calle en ningún caso.
"Por favor, no más desahucios y que dejen de echar a gente a la calle. Quiero que hagan una transformación grande y cambien esto por fin", insiste.
La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda del Retiro después de haber vivido allí durante 71 años, le resulta especialmente cercana. Maricarmen ve en ella una historia que se repite y que ha conocido durante todos estos años acompañando a otras personas ante las puertas de sus casas. "En realidad hay muchas Maricarmen", afirma.
Ella perdió su piso en Alcorcón por haber avalado a su hijo. No era su deuda, pero sí era su casa. La compró cuando tenía 20 años, vivió allí durante décadas y vio crecer a sus hijos y nietos entre esas paredes.
Ahora vive en Toledo, pero sigue acudiendo a los desahucios de otras personas para intentar que nadie pase por lo que pasó ella. "Yo mi piso me lo compré para vivir ahí y sin deber nada. Por avalar a mi hijo me lo han quitado", lamenta.
Y antes de marcharse a la Puerta del Sol para estar en la acampada convocada por el Sindicato de Inquilinas, deja clara la petición que lleva años repitiendo: que el Gobierno cambie las leyes, que proteja a quienes pueden quedarse sin vivienda y que, sobre todo, deje de echar a personas a la calle.