Ahora, y ante el reto que supone la previsible Ley de Vivienda, el Ejecutivo regional prepara un movimiento bastante similar al que ejecutó ante la aplicación de la Ley Celaá. Y es que, si con la norma educativa el Gobierno de Ayuso creaba el distrito único para evitar los puntos por zona, ahora eliminarán lo que la ley pretende estipular como "mercado tensionado".

Ha sido la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, quien ha confirmado que Madrid prepara diferentes estrategias para hacer frente a esta ley que todavía está en periodo de negociación en el Congreso de los Diputados.

Martín ha asegurado que se "adoptarán las medidas necesarias" para "proteger a la Comunidad" y sus "competencias" de las "injerencias del Gobierno".

Por un lado, y como ya anunció la propia presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, está el recurso de anticonstitucionalidad. Para este punto, como ha ocurrido con el decreto energético o con el conocido como "impuesto a los ricos", el equipo de la Comunidad de Madrid está preparando un recurso legal que no se podrán presentar hasta que la ley no sea efectiva.

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Fuera de la lucha en los tribunales, Madrid tiene otros ases en la manga como es que aquellas medidas que "dependan de la actuación de la administración regional" no se "llevarán a cabo".

¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno de Ayuso cumplirá la ley, pero si depende de ellos desarrollar ciertos apartados "no la llevaremos a cabo".

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno del 9 de febrero. CAM

Uno de los ejemplos que pone la consejera de Vivienda es lo que la ley denomina como "zonas de mercado tensionado". Según el borrador de la ley, será la comunidad autónoma la que tenga la capacidad de decir cuál es la zona. "Si depende de nosotros no estableceremos zona de mercado tensionado", zanja.

Hay que recordar que, según la futura Ley de vivienda, se considerarán como zonas tensionadas aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito, y también aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.

Las medidas que las comunidades deberán aplicar en estas zonas son varias, pero, principalmente, se resumen en imponer un control a los precios del alquiler.

El tema es que para poner en marcha esa medida es imprescindible que las administraciones implicadas, es decir, los gobiernos autonómicos, elaboren un plan de medidas para corregir los desequilibrios en el mercado de vivienda durante tres años. Si la Comunidad de Madrid no marca qué zonas están tensionadas, no deberá imponer un control a los precios del alquiler. 

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El movimiento es muy similar al que se usó con la Ley Celaá. La Consejería de Educación ha aprovechado un "resquicio legal" de la LOMLOE para consolidar el distrito único madrileño. 

Para evitar el modelo históricamente instaurado en Madrid, la LOMLOE establece que el criterio principal para elegir centro es la proximidad del domicilio. La norma madrileña establece, en cambio, que los alumnos obtendrán la mayor puntuación (15 puntos) por tener hermanos en el colegio y sólo 1 por vivir en el distrito donde éste se ubica.

Okupación

Además, para la consejera Paloma Martín la ley de vivienda de Sánchez sirve de paraguas para la okupación. Algo que el Gobierno de Ayuso está poniendo topes desde diferentes ámbitos.

Entre las medidas está la oficina antiokupación 112 que ya ha atendido más de 1.300 llamadas y que se coordina con la consejería de Justicia y Presidencia.

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Además, la Comunidad de Madrid tiene otras medidas para "proteger la propiedad privada" y luchar contra los okupas. Paloma Martín ha explicado que además de medidas como la anunciada por la presidenta de no cobrar el agua a los dueños de casas okupadas, están trabando con las empresas que suministran energías para interrumpir lo enganches al suministro público.

Aunque ahora existan opciones desde la iniciativa privada, la consejera ha recordado que la Comunidad de Madrid fue la primera que puso en marcha medidas de apoyo y compensación a los arrendadores en caso de okupación de la vivienda. Una especie de alquiler seguro, pero desde la entidad pública.

Martín ha insistido en que para la región la okupación de viviendas es un "problema". "Está incrementando mucho (un 41% desde que Pedro Sánchez llegó al poder) y esto es una afrenta directa al derecho a la población privada", ha finalizado.