La inteligencia artificial tiene un problema de contabilidad.

Durante años nos han vendido la idea de que se trata de una industria limpia, ligera, casi etérea, instalada en eso que llamamos “la nube”, como si la nube no fuese en realidad una enorme colección de edificios de hormigón, servidores, cables, subestaciones eléctricas, generadores diésel, sistemas de refrigeración, consumo de agua, suelo barato, permisos administrativos y líneas de alta tensión.

Ahora, cuando la inteligencia artificial empieza a escalar de verdad, esa ficción se viene abajo. La IA no vive en la nube: vive en territorios concretos, consume recursos concretos y genera costes concretos.

Consume los contenidos de los medios, de los autores y de millones de páginas web para entrenarse o para responder a preguntas sin enviar tráfico a sus fuentes originales. Consume electricidad a un ritmo que ya obliga a revisar planes de red, compromisos climáticos y disponibilidad energética.

Consume agua para refrigerar sus instalaciones, que aunque no “desaparezca” ni se contamine, si puede introducir tensiones en zonas ya presionadas por sequías. Consume suelo, capacidad de conexión, incentivos fiscales y atención política.

Una continuidad evidente entre esa apropiación de recursos físicos y la apropiación previa de recursos cognitivos

Y, en demasiados casos, buena parte de esa factura no la pagan las compañías que capturan el valor, sino todos los demás, en forma de cuantiosos incentivos para el establecimiento de esas compañías que se venden a sí mismas como una supuesta forma de “no perder el tren de la competitividad”.

Hay, además, una continuidad evidente entre esa apropiación de recursos físicos y la apropiación previa de recursos cognitivos.

Las mismas compañías que durante años han rastreado, absorbido y procesado libros, artículos, imágenes, código, investigaciones, entradas de blogs, conversaciones y todo tipo de contenidos creados por millones de personas sin pedir permiso, sin respetar licencias y sin compensar a sus autores, pretenden ahora presentarse como generosas cuando insinúan que podrían devolver a la sociedad una participación simbólica, una especie de propina del 5% cuidadosamente diseñada para legitimar el saqueo.

No es filantropía: es extracción. Primero tomaron el conocimiento acumulado por universidades, medios, comunidades de software libre, autores, investigadores y ciudadanos; después lo encerraron en modelos propietarios; y ahora aspiran a que aceptemos como compensación una migaja, sin control democrático, sin reconocimiento real y sin una redistribución proporcional al valor apropiado.

La obscenidad no está solo en la cifra, sino en la pretensión de que con ella quede zanjada la mayor apropiación privada de bienes comunes cognitivos de la historia.

Los centros de datos se presentan como si fueran las nuevas fábricas de la economía digital, pero no lo son

La carrera de muchos países, regiones y municipios por atraer centros de datos de las grandes compañías de inteligencia artificial merece una reflexión bastante más seria que la habitual nota de prensa con cifras de inversión y promesas de empleo.

Los centros de datos se presentan como si fueran las nuevas fábricas de la economía digital, pero no lo son. Una fábrica tradicional podía generar miles de puestos de trabajo directos, proveedores locales, tejido industrial y aprendizaje productivo.

Un centro de datos, una vez construido, emplea a relativamente poca gente, importa buena parte de su tecnología, concentra el valor en la compañía propietaria y deja en el territorio, sobre todo, la demanda energética, la presión sobre las infraestructuras y el coste de oportunidad de dedicar recursos escasos a alimentar modelos de negocio ajenos.

Cuando un país compite por atraer a una gran tecnológica ofreciéndole suelo, energía, agua, permisos rápidos, exenciones fiscales o inversiones públicas en infraestructura, conviene preguntarse quién está haciendo realmente el buen negocio.

Si el resultado es que el territorio asume costes ambientales y de red, reserva capacidad eléctrica para una multinacional, adapta su planificación energética a las necesidades de un hyperscaler y obtiene a cambio unos pocos empleos directos, titulares optimistas y una promesa difusa de “soberanía digital”, quizá no estamos ante una estrategia industrial, sino ante una forma muy sofisticada de subvención.

La pregunta no debería ser si queremos centros de datos o no. La pregunta debería ser bajo qué condiciones. Si una compañía quiere instalar infraestructuras críticas para explotar un negocio extraordinariamente rentable, debe pagar la totalidad de los costes que genera: conexión, refuerzo de red, agua, energía, emisiones, impacto territorial, fiscalidad local y uso de contenidos.

Debe aportar valor real al ecosistema, no limitarse a instalar servidores donde encuentre electricidad barata y gobiernos dispuestos a competir a la baja. Y debe someterse a una transparencia que permita saber qué se consume, qué se paga, qué se promete y qué queda realmente en el territorio.

La inteligencia artificial puede ser una tecnología extraordinariamente importante, pero eso no la convierte en una excepción a las reglas básicas de la economía.

Si necesita apropiarse gratuitamente de contenidos, beneficiarse de energía subvencionada, recibir trato preferente en permisos o trasladar sus externalidades a ciudadanos y administraciones, entonces no estamos ante innovación pura, sino ante una innovación parcialmente financiada por todos.

Y esa es exactamente la conversación que deberíamos empezar a tener antes de seguir celebrando cada nuevo centro de datos como si fuese, automáticamente, una buena noticia.

***Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE University.