Era, obviamente, mentira: una estafa de la que existen numerosos ejemplos documentados en múltiples páginas en internet. Los estafadores se ponen en contacto con alguien, le dan algunos datos de su contrato, y una vez ganada la confianza, tratan de engañarla para que asienta a un cambio de contrato que, invariablemente, siempre tiene peores condiciones que el que tenía. En realidad, no hace falta ni que confirme ese cambio: de eso se encargan más adelante.

Tras la llamada de teléfono, llevada a cabo con todas las malas artes que se puedan plantear para confundir a la persona que está al otro lado, llegaron a su teléfono no uno, sino dos mensajes de texto seguidos en los que aparentemente le comunicaban el cambio de compañía, y en los que aparecían enlaces maliciosos en los que, mediante los correspondientes dark patterns, trataban de obtener la correspondiente confirmación del cambio.

La llamada original se produce desde un número oculto, y los mensajes de texto, desde números a los que resulta imposible devolver una llamada: el número marcado no existe. Un clarísimo patrón de actividad delictiva. 

Hasta aquí, un simple caso de delincuencia. Aunque me preocupa seriamente que cada día más, esa delincuencia se dedique a timar precisamente a los más vulnerables, a personas de cierta edad que desconocen que tenemos un mercado razonablemente garantista.

Ninguna pena de cárcel debería ser suficiente para quien monta un entramado societario para dedicarse a estafar a personas de edad avanzada.

Ninguna pena de cárcel debería ser suficiente para quien monta un entramado societario para dedicarse a estafar a personas de edad avanzada: la ley debería no solo contar con provisiones y agravantes en ese sentido, sino además, llevar a cabo regularmente redadas para poner a buen recaudo a semejantes delincuentes. 

Pero más allá de un caso de estafa, que estafadores los ha habido siempre y, desgraciadamente, siempre los habrá, hablamos de un evidente problema de desprotección del consumidor: a fuerza de intentar asegurar que el usuario pudiese cambiar de compañía siempre que lo estimase oportuno, hemos construido un sistema perverso que incentiva a los estafadores para que, mediante una simple llamada de teléfono, puedan cambiar de compañía a alguien. Incluso cuando claramente no tenía ninguna intención ni ningún interés en hacerlo. 

Pero el incentivo no termina ahí: que unos estafadores puedan montarse un sistema para engañar a personas y cambiarlas de compañía es algo que solo puede funcionar si, al otro lado, hay determinadas compañías eléctricas con evidente mala praxis dispuestas a aceptar y comisionar generosamente esos contratos obtenidos con evidentes malas artes.

Compañías que, en algunos casos, han sido ya sancionadas por ello en repetidas ocasiones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hemos construido un sistema perverso que incentiva a los estafadores.

Que el mercado eléctrico tiene de por sí una cierta complejidad, es algo evidente: las compañías que generan la electricidad no son las mismas que las que la transportan o distribuyen, ni las mismas que la comercializan.

Que esta estructura compleja se utilice para confundir a los usuarios y posibilitar auténticas estafas, es algo en lo que el Ministerio de Consumo debería entrar como auténtico elefante en cacharrería.

En estos momentos, y con cada vez más personas interesándose por la energía solar o por la aerotermia debido a los importantes ahorros potenciales que generan, han proliferado numerosas páginas en las que se ofrece a los usuarios introducir el Código Universal de Punto de Suministro, conocido como CUPS, una clave de 20 o 22 dígitos alfanuméricos que es imprescindible para certificar el abastecimiento de energía eléctrica o de gas.

Pues, según la legislación, basta con conocer el CUPS y algunos datos personales relativamente fáciles de obtener de una persona, para poder iniciar un cambio de su contrato, con todo lo que ello pueda conllevar (pérdida de tarifas negociadas a largo plazo, antigüedad, etc.). Un auténtico dislate. 

Ante este escenario de auténticos delincuentes, salteadores de caminos y estafadores, toda precaución es poca: en primer lugar, nunca, bajo ningún concepto, aceptar llamadas de números anónimos salvo que se tenga una cierta garantía sobre su procedencia.

Muchas personas, de manera natural, ya no las aceptan. Pero es especialmente importante instruir a las personas de cierta edad - que no son tontas, obviamente, pero sí pueden tener menor familiaridad con este tipo de cuestiones - para que no lo hagan.

Ninguna oferta mágica que te ahorre un dineral en tu factura de la luz o del gas va jamás a llegarte a través ni de una persona que llame a tu puerta, ni de una llamada de teléfono.

Ninguna oferta mágica que te ahorre un dineral en tu factura de la luz o del gas va jamás a llegarte a través ni de una persona que llame a tu puerta, ni de una llamada de teléfono. Las posibilidades que tienes de que te la líen parda y termines en una situación mucho peor son muy elevadas. 

En segundo lugar, ten cuidado con lo que haces con tu CUPS y en qué páginas lo introduces. Porque, aunque no debería ser así, es evidente que hay algo en unos procedimientos supuestamente garantistas con la libertad del consumidor que, obviamente, no está funcionando. Y algunos delincuentes se están aprovechando de ello. 

Y, en tercero, ojo con algunas compañías. Cuando a una compañía la sanciona en repetidas ocasiones la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no suele ser por ninguna cadena de errores administrativos: es porque, al menos en algunos casos, son una panda de sinvergüenzas y de estafadores de ancianos que aceptan cambios de contrato de dudosísima procedencia. Y contra esa gentuza y esas prácticas debería caer todo el peso de la ley. 

***Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE University.