Su objetivo es loable ya que puede suponer, a  diferencia con otras reformas económicas  del país, su alineamiento in tempore con la transformación de la economía europea en un modelo más sostenible y digital que acompañe al ya iniciado de autosuficiencia energética derivado de la guerra de Ucrania.

En el caso del sector agroalimentario partimos de una situación de reconocido liderazgo mundial. Nuestra aportación del 10% al PIB nacional junto a los más de 2,3 millones de empleos generados ya son suficientes argumentos para destacar su fortaleza.

Pero su verdadera dimensión estratégica viene dada por su enorme diversidad en la oferta de alimentos, su relevante grado de autoabastecimiento, la vertebración de los territorios rurales con graves problemas demográficos y su carácter anticíclico en las crisis económicas con importantes aportaciones a nuestra balanza comercial como país líder en exportaciones agroalimentarias.

Sin embargo, nuestro espacio para afrontar nuevas reformas sigue siendo muy notable. Nuestra inversión en innovación e investigación nos sitúa aún por debajo de la media europea y lejos en comparación con los líderes europeos como Países Bajos.

También es notorio el margen de crecimiento que tenemos en competitividad tanto en la industria transformadora como en el sector de comercialización agroalimentaria dentro del segmento cooperativo. Y por último, nos quedan por aplicar modelos de trazabilidad avanzados que den transparencia y seguridad a los consumidores, nacionales o internacionales.

En el sector agroalimentario partimos de una situación de reconocido liderazgo mundial

El PERTE Agroalimentario pretende impulsar esta transformación mediante una serie de incentivos públicos-privados que permitan acelerar el cambio de  la cadena valor hacia un nuevo modelo más sostenible. Un objetivo ambicioso que no debiera frustrarse como en tantas otras ocasiones donde las buenas intenciones chocan con la dura realidad de la gestión. Y hay motivos suficientes y mucho trabajo por delante para evitar las frustraciones que podrían provocarse.

En primer lugar su dotación financiera de 1.800 millones de euros, con la reciente ampliación anunciada por el Presidente del Gobierno. No es una cantidad menor, pero las partidas en las que descansan las aportaciones de los Ministerios afectados no tienen un hilo común que potencie los grandes proyectos transformadores.

Salvo los 400 millones de euros para la modernización de la industria agroalimentaria, que descansan en un elaborado modelo de competitividad, sostenibilidad y trazabilidad o la financiación a la modernización de regadíos, el resto son programas singulares pero pocos conectados para apoyar proyectos tractores de modernización entre grandes empresas y pymes.

De este modo destaca la aportación de 275 millones de euros que financiarán el Kit Digital, un programa de digitalización básica para pymes o los programas de apoyo a la investigación o centros tecnológicos con 143 millones de euros.

En segundo término, la complejidad lógica del procedimiento para acceder a estas ayudas jugará también un papel que puede dificultar la aplicación práctica de los fondos.

La necesidad de constitución de consorcios de empresas donde un líder traccione sobre un ecosistema de pymes y que lo haga en al menos dos comunidades autónomas, es relevante por el mecanismo de cooperación que supone, pero su aplicabilidad durante los tres años que dura el periodo de inversiones, necesitará de un proceso de gobernanza muy importante para que se optimicen el 100% de la ayudas públicas percibidas junto con la inversión privada.

En este sentido, la colaboración público privada, aunque conceptualmente sea elogiable, necesitará de protocolos claros y eficientes que permitan alcanzar los objetivos empresariales y de Gobierno.

En los próximos días se publicará la orden de bases del PERTE Agroalimentario y un mes después nos encontraremos con las convocatorias que la desarrollen. Las previsiones es que las resoluciones de los proyectos presentados, que serán valorados en concurrencia competitiva  por los baremos de la orden citada, estarán comunicadas a los beneficiarios a finales de año, de modo que las primeras transferencias se producirían a primeros del 2023.

Poco tiempo y mucho trabajo por realizar para presentar proyectos relevantes y ganadores. Y esto es lo más importante a día de hoy.

El PERTE Agroalimentario será un éxito si de él se desprenden proyectos tractores de valor que después puedan ser observados como referencias en el mercado, para terminar afectando al conjunto de la cadena. Mejor pocos proyectos y exitosos que muchos proyectos sin relevancia transformadora.

Si es así, la escasa dotación financiera para la modernización industrial de hoy puede que no sea la de mañana. Y esta debiera ser una reflexión del Gobierno a la luz de la ambición de los proyectos.

El tejido empresarial  agroalimentario ha demostrado hasta ahora su capacidad de liderazgo. No me cabe duda que volverá a hacerlo en esta ventana de oportunidad que suponen los fondos Next Gen.

*** Fernando Moraleda es director de la Oficina Next Gen Agro de LLYC.