El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por el Ministerio de Igualdad ha generado una fuerte disputa dentro de la coalición social-podemita. La señora Montero pretende conceder bajas por incapacidad laboral a las mujeres con una menstruación dolorosa.

Ante esta iniciativa, la vicepresidenta Calviño ha afirmado que "no se tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres"; luego, para ella, doña Irene plantea una discriminación negativa. Por su parte, la vicepresidenta Díaz ha respaldado la medida porque "la política laboral española está profundamente masculinizada"; se trata pues de una discriminación positiva.

Como es inevitable, la polémica se ha extendido a la sociedad civil. La portavoz de la Asociación Estatal de Afectadas por la Endometriosis rechaza la medida por nociva para ese colectivo, alerta de sus potenciales efectos perniciosos y contraproducentes para lograr un diagnóstico precoz de esa enfermedad y recuerda que esta modalidad de bajas laborales está ya regulada.

Por su parte, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice no haber sido consultada por los redactores del texto legal y cuestiona la necesidad-efectividad de la nueva normativa. Además, nada de esto existe en ningún país, por ejemplo, de la Unión Europea.

La discusión serena sobre este tema resulta difícil porque cualquier planteamiento frío y racional sobre asuntos relacionados con el género, en especial con alguna de sus modalidades, es descalificado con una extraordinaria rapidez como una expresión de irredento machismo patriarcal por los sacerdotes y creyentes del feminismo profesional.

Con esos términos se calificaría sin duda la afirmación de que la propuesta de la señora Montero estigmatiza a las mujeres al catalogarlas de facto como enfermas recurrentes todos los meses. Por eso, es mucho más interesante someter las benéficas intenciones del Ministerio de Igualdad al análisis económico.

Según las últimas Encuestas de Población Activa (EPA), la tasa media de paro de las mujeres en el período 2018-2021 fue casi un 30% superior a la de los hombres y su tasa de actividad 10 puntos inferior, 63,575 de los primeros frente a 53,73% de las segundas.

Este tipo de proposiciones muestran un profundo prejuicio sexista, añaden un factor adicional de discriminación laboral para las mujeres

Además, conforme a los datos ofrecidos por Eurostat, la vida laboral de las féminas es 4,4 años menor que la de los varones. A pesar de la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, su convergencia con la posición ocupada por los hombres mantiene aún una brecha significativa. ¿Qué tiene esto que ver con la brillante idea del Ministerio de Igualdad? La respuesta es sencilla.

Si una mujer demandase la baja por regla dolorosa de tres días al mes, el suelo de ese "derecho", desde los 25 años hasta los 51 años, edad media de la menopausia en España, según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, se ausentaría de su puesto de trabajo 33 días al año y durante los 26 años del espacio temporal descrito estaría sin desempeñar su actividad laboral 858 días; esto es, 2,4 años.

Guste o no, se considere discriminatorio o no, la realidad es que un escenario con las características descritas no parece constituir un incentivo para fomentar la contratación de mano de obra femenina, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Por añadidura, la casuística no tendría por qué limitarse a los dolores causados por la regla. Hay quien, como las parlamentarias Dawn Butler (laborista) y Rachel McLean (conservadora), piden que la menopausia se contemple también como una legítima causa de baja laboral. Describen esa etapa como un factor de riesgo en el empleo por los problemas físicos y cognitivos que desencadena.

En realidad, este tipo de proposiciones muestran un profundo prejuicio sexista, añaden un factor adicional de discriminación laboral para las mujeres. Lejos de facilitar su incorporación al mercado de trabajo y el desarrollo en él de todas sus potencialidades a lo largo de su vida activa, establecen una barrera artificial que dificulta la consecución de ese objetivo.

Si a las desventajas tradicionales que han sufrido y todavía sufren las mujeres en el mercado de trabajo se le suma otro obstáculo para que las empresas las contraten, las cifras del INE y de Eurostat comentadas con anterioridad no sólo no mejorarán, sino que empeorarán.

Además, el convertir el ciclo biológico de la mujer en una desventaja competitiva por ukase no sólo reduce la demanda de las personas ubicadas en ese colectivo, sino que frena su ascenso a los empleos con mayores responsabilidades y mejor remunerados al tiempo que las condena a desempeñar trabajos de esos que la izquierda ha solido calificar de precarios.

Ceteris paribus, es impensable configurar o consolidar una plantilla sólo o con una dotación muy amplia de personal femenino con iniciativas al estilo de la formulada por el Ministerio de Igualdad. El infierno está lleno de buenas intenciones pero no hay nada peor que una política inspirada en ellas y que haga abstracción de la realidad.