El Informe Anual del Banco de España y el discurso de presentación realizado por su gobernador constituyen un buen diagnóstico de los problemas de la economía española a corto, medio y largo plazo, así como una expresión de su independencia en un escenario de alta tensión política.
En su breve mandato, el Sr. Hernández de Cos ha logrado reestablecer la credibilidad y reputación de una institución que había experimentado un severo deterioro a lo largo de la última década. Esta es una noticia excelente en un contexto de claro quebranto de la calidad institucional en España.
El antiguo instituto emisor plantea tres escenarios: una recuperación temprana con una contracción del PIB del 9,0% en 2020; una gradual con una caída del PIB del 11,6% y un escenario de riesgo en el que el PIB experimentaría un descenso del 15,1 por 100 y no recuperaría sus niveles pre-crisis hasta finales de 2022. Ese abanico de previsiones es razonable, está bien fundamentado y de facto abarca todas las opciones posibles en función de los supuestos sobre los que aquellas se basan. Puestos a elegir en ese menú de proyecciones, la peor es con ligeras variaciones arriba u abajo la central en estos momentos por varias razones.
En primer lugar, la destrucción de tejido empresarial registrada hasta la fecha, alrededor de 133.000 compañías, no tendrá sustitución en los próximos trimestres. Al contrario, el perfil de este ciclo recesivo, con una incidencia brutal en los servicios, se traducirá en más quiebras de empresas en ese sector. Ni las condiciones cíclicas ni las fiscales ni las financieras ni las regulatorias ni las expectativas son propicias para crear nuevas compañías ni la potencial evolución de la demanda permitirá a muchas de las existentes sobrevivir.
En segundo lugar, es difícil esperar una reactivación, aun moderada, del consumo ante la pérdida de riqueza financiera y material de las familias, ante el aumento del paro y el temor a caer en él y ante la erosión de la renta disponible. En este contexto, la propensión a incrementar el ahorro precaución se fortalecerá. No existe motivo alguno por el cual las familias puedan esperar un aumento de su renta permanente, esto es de la corriente de ingresos esperada, sino una disminución, lo que les hará recortar su gasto.
Por lo que se refiere a los equilibrios macroeconómicos, es evidente que se producirá un agudo empeoramiento de las ratios de déficit y deuda/PIB. El Banco de España tiene razón en la necesidad de anunciar ya un plan de consolidación presupuestaria para transmitir el mensaje de que España se compromete a reducir el endeudamiento de su sector público, reconocimiento implícito de su insostenibilidad.
Tiene razón en la necesidad de anunciar ya un plan de consolidación presupuestaria para transmitir el mensaje de que España se compromete a reducir el endeudamiento
Ahora bien, esa tarea exige algo básico: decidir la composición del ajuste. El actual Gobierno parece empeñado y así lo ha manifestado en hacer recaer el peso de aquel sobre los impuestos. No existe precedente conocido en el que una estrategia de esa naturaleza haya logrado reducir el binomio déficit-deuda. Al contrario, tiende a elevar ambos desequilibrios por el impacto negativo de las alzas impositivas sobre el crecimiento y, por tanto, sobre la recaudación. Esta es otra de las razones por las cuales el escenario de riesgo dibujado por el Banco de España tiene altas probabilidades de materializarse.
Y, también, dice verdad la institución de la calle Alcalá al reclamar la introducción de reformas estructurales para impulsar la productividad y el potencial de crecimiento. La primera lleva estancada largo tiempo y el segundo ha descendido. Esta proclama, viva desde hace décadas, choca de manera frontal con la filosofía política de la coalición gobernante. La ortodoxia microeconómica es tan ajena a la mentalidad del Gobierno como la macroeconómica. Y la sensata idea del Gobernador de apoyar esas políticas en el consenso de las fuerzas parlamentarias es por desgracia utópica.
Desde esta óptica, los efectos negativos de esta crisis serán profundos y persistentes. Para más inri, España saldrá de ella con acusada brecha de convergencia real respecto a los Estados centro norte europeos que costará mucho tiempo estrechar. Sólo existen dos salidas una que el presidente del Gobierno, con su proverbial firmeza de principios, decida cambiar radicalmente su política; otra, que la UE imponga disciplina..