¿Por qué el Ministerio de Consumo ha requerido a dos plataformas la retirada de 8.318 anuncios de "alquiler de temporada"?
Porque el departamento de Pablo Bustinduy detectó anuncios que se venden como alquileres de temporada pero permiten reservas inferiores a 31 días, lo que podría incumplir el Real Decreto‑ley 29/2026 y constituir comunicación comercial engañosa.
¿Qué consecuencias ha tenido ya esta actuación de Consumo y qué podría pasar si las plataformas no retiran los anuncios?
Ya se ha iniciado la fase de requerimiento de retirada mediante notificaciones del Reglamento de Servicios Digitales; si no retiran o bloquean los anuncios, Consumo puede abrir expedientes sancionadores contra las plataformas.
¿Por qué la actuación se ha concentrado en la Comunidad de Madrid y cuántos anuncios afectan a la capital?
Porque Madrid concentra la mayor parte de las detecciones en este operativo: 6.772 anuncios en la Comunidad de Madrid y 6.523 de ellos en la capital, según el recuento remitido por Consumo.
¿Qué precedentes tiene Consumo en sanciones y retiradas contra plataformas de alquiler turístico?
Consumo impuso una multa de 64 millones a Airbnb por más de 65.000 anuncios ilegales y exigió la retirada de esos anuncios; además Booking retiró más de 4.000 anuncios tras un requerimiento oficial.
¿En qué se apoya Consumo para considerar estos anuncios "comunicación comercial desleal"?
Se apoya en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que tipifica como engañosa la publicidad que oculta condiciones esenciales, y en la nueva obligación de estancias mínimas del Real Decreto‑ley 29/2026.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a dos plataformas de alquiler turístico la retirada de 8.318 anuncios de alojamientos que se publicitan como alquileres de temporada pese a permitir reservas por menos de 31 días.
Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, estas ofertas podrían incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos tras su reciente modificación. La nota no identifica a las dos compañías destinatarias del requerimiento.
La actuación se concentra especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se encuentran 6.772 de los anuncios detectados. De ellos, 6.523 corresponden a alojamientos situados en la capital.
La Dirección General de Consumo sostiene que las ofertas analizadas presentan como arrendamientos de temporada viviendas turísticas que pueden reservarse para estancias inferiores al mínimo de 31 días que, según explica el Ministerio, establece para estos contratos el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre.
A juicio de Consumo, anunciar estos alojamientos bajo esa modalidad sin cumplir sus requisitos podría constituir una comunicación comercial desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Posibles expedientes
El Ministerio ha trasladado los requerimientos a ambas plataformas a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. Según advierte, una vez informadas de los posibles contenidos ilícitos, las compañías pasarían a tener responsabilidad directa sobre ellos en los términos previstos por la normativa europea.
Si las plataformas no retiran los anuncios o bloquean su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo. La actuación comunicada se encuentra, por tanto, en la fase de requerimiento de retirada y no supone el anuncio de una sanción contra estas dos empresas.
El departamento de Bustinduy enmarca esta medida en sus actuaciones contra las prácticas irregulares en el mercado de la vivienda. Entre los antecedentes, recuerda la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por anunciar alojamientos turísticos que incumplían la normativa, así como la retirada de más de 65.000 anuncios de esa plataforma.
El Ministerio también señala que Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la legislación después de recibir un requerimiento oficial de Consumo. La nota menciona estos casos como actuaciones previas, sin vincular a ninguna de las dos empresas con los nuevos requerimientos.
En el ámbito de la intermediación inmobiliaria, Consumo recuerda la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos. En ese procedimiento identificó seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave.
El departamento mantiene, además, abierto un expediente por prácticas similares a otra gran inmobiliaria que opera en toda España, cuya identidad tampoco precisa.