La falta de vivienda es ya un problema que afecta a toda España. Sin embargo, la crisis residencial parece cebarse especialmente con algunos de los territorios que más impulsan la economía del país.
Sólo seis provincias concentran el 52,5% del déficit de vivienda de España. Una situación que contrasta con el dinamismo económico y laboral de estos territorios, donde la llegada de nuevos residentes sigue disparando la demanda de casas.
Es el caso de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Murcia, seis de los grandes mercados inmobiliarios del territorio en los que la construcción de nuevas viviendas no logra seguir el ritmo de crecimiento de la población y del empleo.
Así lo recoge el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España en su informe, presentado este martes, para afrontar el problema de la vivienda en España, bajo el título Política integral para un problema social.
Estas zonas concentran una elevada actividad empresarial y laboral, lo que favorece la llegada de nuevos residentes y la creación de hogares.
Sin embargo, la construcción de viviendas en esas zonas clave no avanza al mismo ritmo que la demanda, lo que agrava la escasez precisamente en los lugares que más necesitan ampliar su parque residencial.
Ante este desequilibrio, los gestores reclaman concentrar los esfuerzos de construcción en las provincias donde más crecen la población y el empleo.
La organización advierte de la necesidad de adaptar la oferta residencial a la realidad económica de cada territorio, en lugar de establecer objetivos de construcción que no tengan en cuenta dónde se necesitan las viviendas.
Para ello, propone crear un Programa Nacional de Producción Residencial que fije objetivos anuales de nuevas viviendas por comunidades autónomas y provincias. El plan daría prioridad a los seis mercados que acumulan más de la mitad del déficit nacional.
No obstante, el problema va más allá de estos territorios. Según las estimaciones del Banco de España, el país acumuló un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025.
En ese periodo se formaron una media de 245.000 hogares al año, mientras que en 2025 apenas se terminaron 92.000 viviendas. Un desfase que evidencia la dificultad del sector para responder a las necesidades residenciales de las familias.
A esta situación se suma la caída de la actividad constructora respecto a décadas anteriores. Entre 1970 y 2010, España levantaba una media de 315.000 viviendas anuales. Desde 2010, esa cifra se ha reducido a 83.000, lo que refleja una importante pérdida de capacidad productiva.
El sector atribuye esta situación, entre otros factores, a la falta de trabajadores cualificados, la escasez de suelo disponible para construir y las trabas burocráticas, que dificultan la puesta en marcha de nuevas promociones inmobiliarias.
Menos burocracia
Y es que esa falta de suelo y los largos plazos administrativos por los que constructoras y promotoras tienen que pasar, constituyen otros de los principales obstáculos identificados por los gestores.
Según el informe, los procedimientos necesarios para transformar un terreno y permitir su desarrollo urbanístico superan los ocho años de media.
Un periodo que obliga a retrasar la puesta en marcha de nuevas promociones y dificulta la respuesta del sector ante el aumento de la demanda.
Para reducir estos plazos, entre las 30 medidas recogidas en su informe, la organización plantea simplificar los trámites, mejorar la coordinación entre administraciones y agilizar los procedimientos urbanísticos sin renunciar a los controles necesarios.
También reclama crear un Inventario Nacional de Suelo Disponible para identificar los terrenos que pueden destinarse a nuevas promociones residenciales y facilitar la planificación de futuros desarrollos.
Entre sus propuestas figura, además, movilizar suelo público y revisar las posibilidades de desarrollo de terrenos que no estén protegidos ni tengan calificación agrícola.
Los gestores también apuestan por la construcción industrializada como una vía para acelerar la ejecución de las obras. A ello añaden la necesidad de reforzar la Formación Profesional y aumentar la disponibilidad de trabajadores cualificados.
Así, para llevar a cabo estas propuestas, los gestores ofrecen su colaboración técnica a las administraciones públicas y reclaman un pacto de Estado que permita abordar el problema de la vivienda con una estrategia a largo plazo.
Pacto de Estado
En concreto, el Consejo General plantea un acuerdo con un horizonte de 20 años que garantice la continuidad de las políticas de vivienda, independientemente de los cambios de Gobierno.
Entre sus prioridades figura ampliar el parque público y asequible, que actualmente representa alrededor del 1,5% del total de viviendas en España, según los datos recogidos en el informe.
La organización también propone medidas para el mercado del alquiler, como crear un sistema de garantías frente a los impagos mediante colaboración pública y privada y compensar a los pequeños propietarios afectados por la suspensión de desahucios de personas vulnerables.
Asimismo, reclama regular el alquiler de temporada y exigir una causa justificada para recurrir a esta modalidad.
Con estas propuestas, los gestores buscan aumentar la oferta residencial y garantizar que la construcción de nuevas viviendas responda a la realidad de las necesidades de cada territorio.