El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer este miércoles el índice de referencia para la actualización anual de los alquileres, que alcanzó el 2,54% interanual en septiembre, por encima del 2,47% registrado en agosto.
Se trata del nivel más alto desde que comenzó a difundirse este indicador, en noviembre de 2024.
Con esta subida, el índice encadena 16 meses consecutivos por encima del 2%.
Este indicador se aplica a los contratos de alquiler firmados a partir del 25 de mayo de 2023, fecha en la que entró en vigor la Ley de Vivienda.
Por tanto, los propietarios que tengan que revisar anualmente la renta de estos contratos a partir de ahora deberán tomar como referencia este índice.
El INE publica este dato cada mes y lo expresa con dos decimales a partir de la información mensual más reciente.
Su función es establecer el límite máximo de subida anual del alquiler en los contratos de vivienda suscritos tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.
Este índice considera conjuntamente el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y las diferencias entre las tasas de crecimiento anual tanto del IPC como de la inflación subyacente de cada mes, y un parámetro, definido a propuesta de la Dirección General de Política Económica, que guarda relación con el crecimiento esperado a largo plazo de dicho índice.
Sobre estas diferencias se aplica un coeficiente moderador, establecido a propuesta conjunta de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Para fijarlo, se tienen en cuenta las condiciones del mercado del alquiler de vivienda.
De esta forma, el límite para actualizar anualmente los alquileres será el valor más bajo de tres indicadores: la variación anual del IPC, la variación anual de la inflación subyacente y una tasa de variación anual media ajustada, calculada según la metodología aprobada.
Con su publicación, el INE cumple con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta normativa fijaba como plazo máximo el 31 de diciembre de 2024 para crear un indicador que limitara las actualizaciones anuales de los contratos de alquiler y evitara subidas desproporcionadas de las rentas.