El Congreso cerró la puerta a los decretos de vivienda, pero el Gobierno ha encontrado otra entrada para ellos.
Apenas cuatro días después de su rechazo, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes las dos polémicas normas y las llevará ahora a la Diputación Permanente para su tramitación.
En este movimiento, el Ejecutivo no puede limitarse a presentar de nuevo los mismos textos que acaba de tumbar la Cámara Baja. Sin embargo, estos nuevos decretos reproducen el grueso de las medidas ya planteadas, entre ellas la intervención y el bloqueo del alquiler, y endurecen la presión sobre los que el propio Gobierno denomina "fondos buitre".
Así, a expensas de conocer el texto final, los cambios tan solo se limitan a unos pocos retoques y, sobre todo, a poner cifras a medidas que ya estaban sobre la mesa.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez ha concretado 10.000 millones de euros para los préstamos destinados a la compra de la primera vivienda y otros 400 millones para impulsar la vivienda asequible.
En el primer caso, se trata del programa Tu Casa, que ya aparecía en el anterior decreto. El Gobierno movilizará esos 10.000 millones para conceder préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero destinados a la adquisición de la primera vivienda. El objetivo declarado es facilitar la compra a personas con ingresos estables que no disponen del ahorro necesario para acceder a una casa en propiedad.
Los otros 400 millones de euros irán al Fondo de Impacto Social. Este instrumento pretende financiar la promoción de miles de viviendas por parte de proveedores sociales. De nuevo, la medida ya estaba sobre la mesa y la novedad pasa por concretar ahora su dotación.
Presión a los fondos
Donde el Ejecutivo sí introduce un endurecimiento es en las operaciones que califica como compra especulativa de vivienda. El nuevo texto eleva la presión sobre los denominados 'fondos buitre', ampliando su definición y modificando las condiciones de las excepciones previstas.
Por tanto, el Gobierno no da marcha atrás en una de las medidas más intervencionistas del anterior decreto. Al contrario, aprovecha el nuevo texto para reforzar las restricciones sobre este tipo de compradores.
También introduce una nueva obligación en el mercado del alquiler. Los anuncios, promociones y ofertas deberán mostrar el índice de referencia del precio del alquiler, así como el límite de renta cuando la vivienda se encuentre en un ámbito sujeto a limitación legal. Además, tendrán que indicar si el propietario es un gran tenedor, cuando corresponda.
Por otro, en materia de desahucios se incorpora que las administraciones asuman las posibles costas procesales y los intereses de demora.
Este movimiento permite a Pedro Sánchez afrontar una nueva votación con una aritmética distinta. Y es que los dos decretos pasarán ahora a la Diputación Permanente, el órgano que toma el relevo para mantener las funciones parlamentarias imprescindibles hasta que se constituyan las nuevas Cámaras.
Y es ahí donde cambian los números. La Diputación Permanente cuenta con una mayoría de izquierdas que permite al Gobierno sacar adelante los decretos sin necesitar, esta vez, los votos de Junts.
Un movimiento que, según las voces críticas con la decisión, lleva al Gobierno a bordear el fraude de ley al rescatar unas normas rechazadas por la Cámara Baja para buscar su aprobación por otra vía.
Con estos leves cambios, el Ejecutivo recuperaría así las normas sólo un día después de que Sánchez disolviese las Cortes y convocase elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.