"Hace tiempo que los fondos de inversión en vivienda para alquiler vemos a España como un país carente de seguridad jurídica".

Así se expresa un alto directivo de una entidad con intereses en nuestro país, y quien reconoce que se plantean abandonar definitivamente sus posiciones en la Península y que llevan retirando hace meses.

¿El motivo? La preocupación que hay en el sector por el hecho de que todas las normativas en materia de vivienda aprobadas por el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar tienen un gran sesgo 'anti empresa'.

Algo que comenzó, explica, en el año 2019 con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Desde entonces se han aprobado media docena de decretos que intervienen en el mercado inmobiliario (algunos rechazados por el Congreso) hasta llegar al de esta semana.

Un texto que debe ser aprobado el próximo viernes en el Congreso y que recoge la prohibición de los desahucios hasta 2030, la extensión de los contratos por hasta diez años en zonas tensionadas, un tope a los precios del 2%... Y si sale aprobada en el Congreso la propuesta de Sumar, la renovación automática de los alquileres.

Son sólo algunos ejemplos de los muchos dardos que los decretos del Gobierno impone a los propietarios de vivienda para alquilar.

"Sin empresas, sin particulares y sin vivienda pública, ¿cuál va a ser el mercado de alquiler que va a haber en España en los próximos años?", reflexiona. Sobre todo porque la intención del Gobierno es prohibir a este tipo de entidades que puedan adquirir vivienda en nuestro país hasta 2028.

Algo en lo que coincide otro representante de un fondo de inversión basado en Londres. "El riesgo regulatorio es inasumible, los números no salen. Por eso hace más de un año que ningún inversor institucional quiere invertir en España", sentencia.

Y va un paso más allá: "Los que más van a sufrir son aquellos a los que se supone que se quiere proteger, porque el resultado va a ser el opuesto al que piensa el Gobierno: menos vivienda, más renta y ningún propietario que alquile a vulnerables".

Ambos directivos coinciden también en otra cuestión. Su preocupación por la deriva populista que están adoptando los grupos políticos, especialmente Junts y PNV.

"Se dejan llevar por la calle", explican. Y allí lo que los fondos de inversión detectan es una animadversión cada vez mayor contra aquellos que son quienes deben construir y gestionar viviendas.

Les preocupa el que ya "no hablamos de protestas pacíficas, como puede ser lo que hay en Sol, es que ya son violentas", explican.

Se refieren a lo ocurrido este lunes en Barcelona, donde las concentraciones por la vivienda derivaron en disturbios que obligaron a intervenir a la policía.

En cualquier caso, ambos directivos estudiarán en profundidad la letra pequeña de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros y que serán presentados en el Congreso el próximo viernes.

Los decretos

El primer decreto reúne el grueso de las medidas. Amplía hasta 2030 la protección frente a los desalojos, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, prohíbe hasta 2028 la compra de vivienda por parte de fondos buitre y prorroga dos años los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028.

También recupera el tope del 2% a las actualizaciones anuales de renta. Además, incluye cambios fiscales en el IRPF, el IVA y la tributación de las socimis. Entre ellos, los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales podrán desgravarse el alquiler.

El segundo decreto contiene una sola medida, la más polémica: la renovación automática de los alquileres. Con ella, el arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, si no lo hace, indemnizar al inquilino. Era la principal reivindicación del Sindicato de Inquilinas y de Sumar. Según los ministros de Sumar, fue el PSOE quien forzó separarla en otro decreto. Así evitaba que su posible rechazo parlamentario arrastrara al resto de medidas.

La vivienda lleva años siendo un terreno de choque regulatorio. En 2019 el Gobierno socialista reformó la LAU y alargó la duración mínima de los contratos. En 2023 se aprobó la Ley de Vivienda, con topes de precio en zonas tensionadas. En abril de este año el Congreso derogó el decreto de prórroga de alquileres, y en julio el Gobierno aplazó un nuevo texto por falta de apoyos.

Ese es el principal problema en este momento. El Ejecutivo trata de hacer malabares para contentar a todos sus socios y articular una mayoría que permita sacar -al menos- uno de los decretos adelante. Sin embargo, está por ver qué harán -sobre todo- Junts y Podemos, que no han dicho cuál es su posición en este momento.