Cerca de 1,95 millones de personas en España caen en "pobreza oculta" tras pagar el alquiler, según un informe de Fedea.
El coste del alquiler eleva la tasa de pobreza relativa del 19,5% al 23,5% de la población en 2025.
Uno de cada cuatro inquilinos inicialmente no pobres cruza el umbral de la pobreza tras abonar el alquiler.
La vulnerabilidad por vivienda se concentra en jóvenes, personas nacidas fuera de la UE y residentes en zonas tensionadas como Madrid, Baleares y Cataluña.
Cerca de 1,95 millones de personas en España se encontraban en situación de "pobreza oculta" en 2025.
Se trata de personas que, según el criterio habitual de renta disponible, no eran consideradas pobres, pero que caían por debajo del umbral de la pobreza después de pagar los gastos relacionados con el acceso a la vivienda.
Así se desprende del estudio "El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025", publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El trabajo ha sido elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, y Álvaro Pinto, de Fedea y la Universidad de Alcalá.
El informe utiliza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sus resultados muestran que tener en cuenta el coste de la vivienda no elimina la mejora de la pobreza registrada entre 2014 y 2025, aunque sí eleva de forma sistemática su nivel.
En concreto, la tasa de pobreza relativa convencional se situó en 2025 en el 19,5% de la población, pero repuntaría hasta el 23,5% si se descuenta de la renta el coste de acceso al alojamiento.
Los autores recalcan que "la vivienda no sólo hace que más personas crucen el umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de quienes ya se encontraban por debajo de él".
El análisis subraya la existencia de una "aparente paradoja" en la última década: mientras que la renta disponible agregada mejora, una parte creciente de la población se desplaza hacia "el régimen de tenencia con mayores costes de acceso y menor capacidad de amortiguar las subidas del mercado", el alquiler a precio de mercado.
Este régimen ha pasado de representar el 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025. Este fenómeno hace que el impacto de los costes habitacionales se concentre "de forma extraordinaria entre los inquilinos de mercado", apunta el informe.
En 2025, la pobreza convencional afectaba al 32,8% de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado, una cifra que escala al 49,9% al descontar el alquiler efectivamente pagado, según Fedea.
En esta línea, el documento señala que "uno de cada cuatro inquilinos inicialmente no pobres cruza el umbral tras pagar el alquiler" y que esta modalidad de tenencia aglutina el 72,5% del total de los 1,95 millones de 'pobreza oculta'.
En sentido opuesto, el estudio analiza el impacto del llamado alquiler imputado, una métrica que reconoce el beneficio económico de no pagar una renta de mercado.
Al tener en cuenta esta ventaja, unos 3,38 millones de personas consideradas pobres según su renta monetaria dejarían de serlo. Este efecto se concentra principalmente entre "propietarios de mayor edad sin hipoteca".
Los expertos aclaran que el alquiler imputado "no supone que estos hogares dispongan de más dinero en efectivo", pero sí refleja que soportan un coste de alojamiento mucho menor que otros hogares con ingresos similares.
Los más vulnerables
La vulnerabilidad asociada a la vivienda se concentra especialmente en hogares con una persona de referencia joven, nacida fuera de la Unión Europea y residente en zonas tensionadas, como Madrid, Baleares o Cataluña.
Fedea también señala que la pobreza convencional sólo identifica al 46,7% de las personas en privación material severa en 2025.
El porcentaje aumenta al 56,9% al descontar el coste de acceso a la vivienda y alcanza el 66,1% si se tiene en cuenta todo el gasto residencial.
El estudio concluye que la renta disponible por sí sola "resulta insuficiente" para diferenciar entre hogares que, con ingresos similares, mantienen capacidades económicas muy distintas después de pagar la vivienda.
Por ello, los autores recomiendan incorporar el coste de la vivienda al diseño de políticas públicas de garantía de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital.
El objetivo es ajustar mejor las ayudas a la capacidad económica real de los hogares y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando sólo se tiene en cuenta la renta antes de pagar la vivienda.