Cada vez más concursos públicos para construir vivienda protegida quedan desiertos porque las constructoras no se presentan por incertidumbre en los costes.
El aumento del precio de materiales y la ausencia de un sistema que permita reajustar los precios durante la obra frenan la participación de las empresas.
La falta de mano de obra cualificada se suma a los problemas, dificultando aún más la ejecución de nuevos proyectos de vivienda pública.
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura lideran el número de concursos desiertos, complicando el ritmo de construcción anunciado por el Gobierno.
La vivienda pública se enfrenta a un nuevo problema. Cada vez más concursos públicos quedan desiertos porque las empresas deciden no presentarse.
La incertidumbre sobre la evolución de los costes durante la ejecución de las obras está frenando la participación del sector y amenaza con ralentizar uno de los principales ejes de la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) atribuye esta situación al aumento de los costes tras la guerra en Oriente Medio y a la falta de un sistema que permita actualizar los precios durante la ejecución de las obras.
La patronal alerta de que este problema, que ya afecta de lleno a la construcción de vivienda, se ha convertido en una situación cada vez más habitual en la obra pública.
Según su informe presentado este jueves, sólo entre enero y junio de 2026, más de 1.130 contratos públicos quedaron sin adjudicatario por falta de empresas interesadas.
La organización considera que este escenario dificulta cumplir el objetivo de impulsar nueva vivienda pública al ritmo anunciado por el Ejecutivo.
El problema, asegura, no es la capacidad del sector para construir, sino la incertidumbre que genera asumir proyectos de larga duración con precios cerrados desde el inicio.
La vivienda pública representa todavía una parte reducida de la obra residencial en España.
Según el observatorio de vivienda y suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, durante el primer trimestre de 2026 fueron 39.196 las viviendas iniciadas.
De ellas, 35.148 correspondieron a vivienda libre y sólo 4.048 fueron viviendas protegidas (de calificación provisional).
Desde su llegada a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez ha situado la construcción de vivienda pública y protegida como una de las principales apuestas de su política de vivienda.
Un compromiso que intensificó a partir de 2023 con el anuncio de la construcción de más de 275.000 nuevas viviendas.
Sin embargo, levantar nuevas promociones depende de que las licitaciones encuentren empresas dispuestas a ejecutarlas.
Concursos sin empresas
Cuando un concurso queda desierto, el proyecto se retrasa. Y si esa situación se repite, el ritmo de construcción también se ralentiza.
La CNC explica que una promoción de vivienda protegida necesita entre 24 y 36 meses para estar terminada.
Durante ese tiempo, las empresas no pueden prever cuánto costarán materiales como el aluminio cuando llegue el momento de instalar ventanas o cerramientos.
Esa incertidumbre lleva a muchas constructoras a no presentarse a las licitaciones.
Si los costes aumentan durante la ejecución de la obra, las compañías deben asumir ese sobrecoste, ya que el precio del contrato apenas puede modificarse con la normativa actual.
"Si no existe un sistema que estabilice los precios, será difícil que las empresas concurran a estos proyectos. Lo que necesitan es certidumbre. Sin un mecanismo que reequilibre los costes, será mucho más complicado construir vivienda", afirma el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.
La organización sostiene que este problema podría mitigarse con un modelo similar al que ya funciona en la mayoría de países europeos. En esos sistemas, parte del incremento del coste de los materiales puede reconocerse durante la ejecución de la obra.
Fernández Alén recuerda que España contó con un mecanismo similar entre 1965 y 2015. A su juicio, la estabilidad económica permitió eliminarlo. Ahora considera que el contexto ha cambiado y reclama recuperarlo.
Falta de trabajadores
A esta situación se suma la falta de mano de obra, otro de los grandes retos que afronta el sector.
Las empresas encuentran cada vez más dificultades para incorporar trabajadores cualificados, un problema que limita su capacidad para asumir nuevos proyectos y puede retrasar los plazos de construcción.
Según el presidente de la patronal, son los dos problemas que más preocupan actualmente a las empresas.
La dificultad para prever los costes y la escasez de trabajadores condicionan la capacidad para asumir nuevos proyectos.
La CNC insiste en que la construcción tiene capacidad para ejecutar las inversiones previstas y recuerda que el sector ha sido uno de los principales beneficiarios de los fondos del Plan de Recuperación.
Sin embargo, advierte de que la vivienda pública depende sobre todo de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Es precisamente en estas administraciones donde se concentra un mayor número de contratos de menor importe y donde el fenómeno de las licitaciones desiertas resulta más visible.
En el conjunto de la obra pública, Andalucía es la comunidad autónoma que registra el mayor número de concursos públicos desiertos, con 284 expedientes.
Le siguen Cataluña, con 199; la Comunidad Valenciana, con 127; y Extremadura, con 106.
Por su parte, la patronal evita hacer previsiones sobre los próximos meses, aunque recalca que la evolución de los precios seguirá marcada por la incertidumbre.
Ese escenario, según Fernández Alén, seguirá dificultando que las constructoras concurran a muchos concursos públicos.
Por lo que "si el Gobierno quiere desarrollar un plan de vivienda tan ambicioso como el anunciado, será necesario implantar un mecanismo que estabilice los precios. De lo contrario, muchas empresas evitarán asumir ese riesgo", concluye.