Las claves
nuevo
Generado con IA
Fevitur rechaza el "triunfalismo" del Gobierno por la caída del 12,4% en la oferta de viviendas turísticas, asegurando que menos anuncios no implica más viviendas disponibles.
La patronal denuncia que unas 64.000 viviendas turísticas legales han sido expulsadas de plataformas digitales por requisitos administrativos ajenos a la normativa turística.
Fevitur sostiene que la reducción de viviendas turísticas no ha bajado los precios del alquiler ni ha generado alivio para los inquilinos, y califica el impacto de esta medida como marginal.
La federación exige la adaptación urgente del Real Decreto 1312/2024, al considerar que penaliza a operadores legales y genera inseguridad jurídica en el sector.
La celebración del Gobierno por la bajada en la oferta de vivienda turística de plataformas como Airbnb o Booking ya tiene respuesta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que lanza un jarro de agua fría a su "triunfalismo".
"Menos anuncios no es más vivienda", precisa Fevitur. La Federación ha querido pronunciarse después de que el Ministerio de Vivienda haya destacado que, de acuerdo con el INE, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 la oferta de estos alojamientos haya bajado un 12,4%, "la mayor caída interanual de la serie histórica".
En ese periodo habrían desaparecido de la oferta unas 52.000 viviendas, según el INE. El Gobierno remarca que se debe a varias políticas nuevas, como la entrada en vigor el pasado julio del el Registro Único de Arrendamientos.
Fevitur también tiene algo que decir sobre eso con datos propios. Según una encuesta nacional realizada por ellos, en la que han participado 169.315 viviendas de uso turístico inscritas legalmente en los registros autonómicos de turismo de las distintas comunidades autónomas, el 38% –aproximadamente 64.000 viviendas turísticas– no ha podido obtener el número de registro estatal duplicado.
"La causa no es el incumplimiento de los requisitos legales autonómicos, únicos competentes en materia de turismo, sino el no cumplimiento de requisitos registrales impuestos por los Registradores de España, requisitos ajenos a la normativa turística y no exigidos por ninguna ley sectorial”, apunta la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco.
Esas viviendas, que siguen siendo legales conforme a la normativa autonómica, han quedado expulsadas de las plataformas digitales por efecto directo del Real Decreto 1312/2024.
“Se trata, por tanto, de una restricción artificial del acceso al mercado, que no combate la ilegalidad, sino que penaliza al operador legal, reduce la oferta disponible y genera inseguridad jurídica”, advierte.
Así las cosas, Fevitur asevera que “la caída de la oferta turística celebrada por el Gobierno no se explica por el cierre de viviendas ilegales, sino por una expulsión administrativa de vivienda plenamente legal”.
No hay motivos por ello para celebrar, continúa: “Reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España” explica Blasco.
La patronal del sector asegura que, desde un punto de vista económico, el mercado de la vivienda está compuesto por las viviendas que efectivamente se ponen en venta o en alquiler (largo o corto) en un año concreto.
Quedan fuera del mercado las viviendas vacías, las viviendas cerradas por inseguridad jurídica y las viviendas retiradas de toda actividad económica. “Confundir esta definición básica con el número de anuncios en plataformas digitales es un error metodológico grave”, añade Blasco.
"Impacto marginal"
Los números que expone Fevitur tras recopilar varias fuentes oficiales apuntalan su posición.
En el año 2025, el mercado total de vivienda (aquellas que fueron objeto de compraventas más las que estuvieron en alquiler efectivo) comprendía 1.487.440 inmuebles. En ese universo, ha disminuido el peso de la vivienda turística: se ha producido una salida neta del uso turístico de 46.699 pisos, lo que representa un 2,3% del total de la oferta disponible para venta/alquiler.
Sin embargo, apunta la patronal, "lejos de bajar el precio del alquiler, en algunas zonas se ha tensionado más y, tanto el mercado de alquiler como el de compraventa ha marcado nuevos máximos históricos de precios".
“A la vista de estas cifras contrastadas, es evidente que la retirada de vivienda turística no ha generado ningún alivio medible para los inquilinos” señala Blasco.
Porque, zanja, “su impacto es marginal frente al tamaño real del mercado inmobiliario". "Queda claro que reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España. En definitiva, menos anuncios en plataformas turísticas de alquiler no significa más vivienda pues los datos desmontan el triunfalismo del Gobierno”, apunta.
Blasco, además, tacha de "irresponsable" la posición de Exceltur. “Celebrar la desaparición de un segmento legal del mercado no es apoyar una política de vivienda, es apoyar la eliminación de competencia, con efectos negativos tanto para los consumidores como para la movilidad económica y laboral”, considera.
Tras este análisis, Fevitur ha exigido la adaptación urgente del Real Decreto 1312/2024, "que no deja de ser un reglamento sin cobertura en una ley estatal habilitante y contrario al marco normativo de la Unión Europea".
“Mantener este sistema supone impedir el acceso a las formas tradicionales de comercialización, generar discriminación entre modalidades alojativas y expulsar del mercado vivienda plenamente legal. Todos perdemos cuando la población flotante -turística y no turística- no puede acceder al mercado con las mismas garantías de seguridad jurídica que el resto de las modalidades alojativas” concluye Blasco.